La Comisión Europea responde a las preguntas sobre la unión de estaciones
Dice que no ha recibido ninguna solicitud de pago de España que exija la evaluación del proyecto, ya descartado por el Gobierno de Aragón.
La Comisión Europea ha dado por primera vez una respuesta oficial a los interrogantes que le han planteado los opositores a la unión de estaciones. Y lo ha hecho después de que ya esté descartado el proyecto de la telecabina Astún-Formigal financiado con fondos Next Generation, por la renuncia a seguir adelante del promotor, la Diputación de Huesca.
El colectivo Puyalon de Cuchas (nacido de una corriente de opinión de Chunta Aragonista) preguntó a la Comisión si iba a financiar la infraestructura, cuáles son sus criterios medioambientales para hacerlo con esos fondos, entendiendo que la obra atentaba contra el patrimonio natural, y si iba a hacer un seguimiento.
En su respuesta, el vicepresidente ejecutivo Valdis Dombrovskis, en nombre de la Comisión, señala que este organismo aún no ha recibido ninguna solicitud de pago de España que exija la evaluación del proyecto para conectar las estaciones de esquí de Astún y Formigal a través del paraje de Canal Roya en la Comunidad Autónoma de Aragón, que está vinculado al objetivo 218 del Plan de Recuperación y Resiliencia español.
Recuerda además que el objetivo 218, que se refiere a la concesión a las autoridades locales de ayudas para la aplicación de Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destino, exige "específicamente" que los criterios de selección garanticen el cumplimiento del principio de "no causar un perjuicio significativo" y de la legislación medioambiental nacional y de la UE.
"La Comisión evaluará formalmente el cumplimiento del objetivo cuando España presente la cuarta solicitud de pago", concluye, aclarando que mantiene un diálogo periódico con los Estados miembros para supervisar la consecución de los hitos y objetivos de los planes de recuperación y resiliencia.
Esa solicitud de pago no se producirá tras la renuncia del promotor. El proyecto está paralizado, después de que la Diputación renunciara a la financiación y propusiera repartir el dinero. Lo que ahora está pendiente es la nueva distribución de los 26 millones de euros asignados a la unión de estaciones entre otros que concurrieron a la convocatoria de ayudas.
La Comisión en todo caso pone el énfasis en el principio de "no causar un perjuicio significativo". En su definición, el reglamento de la Comisión establece seis objetivos medioambientales relacionados con el cambio climático, el agua o la biodiversidad.
En primer lugar, considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático "si da lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero; y si provoca un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos.
También se refiere a la afección a las aguas. Existe un perjuicio si va en detrimento del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas.
El mismo principio se extiende a la economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos, si genera importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales; si da lugar a un aumento significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio significativo.
Además, se considera que una actividad causa un perjuicio significativo al control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de las emisiones a la atmósfera, el agua o el suelo. Y por último tiene en cuenta la protección de la biodiversidad, para preservar las buenas condiciones de los ecosistemas o de los hábitats y las especies.
