"La supresión de oficinas dificultará el acceso a los ciudadanos de Huesca a la Justicia"

Funcionarios de la Administración de Justicia en Huesca se han concentrado este martes a las puertas del Palacio de Justicia para secundar la segunda jornada de huelga indefinida con paros de tres horas que ha convocado el colectivo para exigir mejoras laborales, entre ellas un aumento salarial en línea con el acordado con los letrados, que percibirán mensualmente entre 430 y 450 euros brutos más.

Desde el lunes están realizando paros de 10.00 a 13.00 y este martes están llamados 45.000 funcionarios de toda España por los sindicatos CSIF, STAJ, CC. OO. y UGT a una huelga general toda la jornada además de una gran manifestación en Madrid a la que acudirán muchos de estos funcionarios oscenses en autobuses que saldrán desde Zaragoza. 

Además de reivindicar sus "derechos laborales", también piden la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, "que supone un grave ataque a nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores y que también un agravio para los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Huesca ya que supondrá la eliminación de oficinas judiciales lo que conllevará que muchos ciudadanos deberán desplazarse más kilómetros para realizar actuaciones ante los juzgados y los registros civiles, haciendo más difícil aun el acceso a la Justicia", advierten. Por ello, piden suspender su tramitación parlamentaria hasta que no se alcance un acuerdo para su modificación en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia. 

Además, reclaman un reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realizan todos los cuerpos funcionariales, eliminándose la acumulación en el cuerpo de LAJ ( Letrados de la Administración de Justicia) que finalmente hacen y son delegadas a los cuerpos generales "sin compensación alguna".

Su lista de peticiones también incluye la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el Grupo 1; y la publicación antes de que finalice esta legislatura, y previa negociación colectiva, del Real Decreto que establezca los criterios y cuantías mínimas del complemento de Carrera Profesional.