Más de 40 municipios de la provincia de Huesca se han beneficiado en los tres últimos años de las ayudas establecidas por la Diputación para la creación de vivienda pública de alquiler, en su estrategia de facilitar el asentamiento de nuevos habitantes y luchar contra la despoblación. Los dos planes, destinados a los ayuntamientos, uno de créditos a cero intereses a devolver en 30 años y otro de subvenciones, suman más de 5 millones de euros invertidos. Van a permitir poner en alquiler más de 80 casas adquiridas y rehabilitadas bajo la promoción de las corporaciones locales y en algunos casos ya han sido ocupadas.

La Diputación anunció que el denominado Plan de Fomento de la Vivienda estará dotado este año con 1,6 millones de euros, cuantía a la que podrán acceder los ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes siempre que las destinen a alquiler.

La falta de vivienda en el medio rural es uno de los principales frenos a la llegada de nuevos pobladores, coinciden todas las instituciones locales. Para ayudar a los pequeños ayuntamientos a revertir esta situación, la Diputación Provincial de Huesca puso en marcha en 2020 una línea de ayudas que en este 2023 "seguirá siendo una de las principales líneas de actuación", declaró Miriam Ponsa, diputada delegada de Iniciativas Locales, quien pone en valor el hecho de que las viviendas que se han generado hasta el momento están en buena parte alquiladas, "lo que implica que, o bien hay jóvenes de estos municipios que no han tenido que salir de ellos en busca de un hogar, o bien nuevas familias han llegado hasta estos núcleos de población".

De la cantidad total, un millón de euros serán este año para préstamos sin intereses y los otros 600.000 para subvenciones. "En ambos casos, el objetivo es que los ayuntamientos puedan rehabilitar o adecuar viviendas o construir nuevas y que se destinen a alquileres a bajo coste. El elevado precio de las viviendas disponibles en muchos pueblos hace imposible que tanto jóvenes como nuevos pobladores puedan permitirse comprarlas o alquilarlas", señaló Ponsa.

"Incrementar el parque público de vivienda en el medio rural es vital para el futuro de nuestros pueblos", añadió la diputada Miriam Ponsa, quien explicó que la puerta abierta de una casa en un pueblo es sinónimo de vida, de personas que trabajan en el entorno, que consumen en los establecimientos de su zona, que generan movimiento y riqueza económica.

El primer año, el 2020, la Diputación concedió préstamos por 1,4 millones de euros, cantidad que se duplicó al siguiente ejercicio. A esta cifra se suman las subvenciones para la compra de edificios y solares, que ha superado los 800.000 euros en las dos últimas anualidades.

Una docena ya están alquiladas, otras aún en construcción o rehabilitación, en proceso de equipamiento interior, preparando los pliegos para el arrendamiento o formalizando los contratos. Benabarre con cinco viviendas o Ansó, con cuatro casas unifamiliares adosadas, son los ayuntamientos que han promovido más proyectos habitacionales para nuevos moradores en la provincia.

Los primeros municipios en acogerse a los préstamos sin intereses fueron Aínsa, Aísa, Alberuela, Alcubierre, Ansó, Ballobar, Benabarre, Canal de Berdún, Colungo, Esplús, La Fueva, Peralta de Calasanz, Torre la Ribera y Torres de Alcanadre. Al año siguiente repitieron algunos y se incorporaron Azanuy, Candasnos, Casbas, El Grado, Fago, Fiscal, Fonz, Laluenga, Lascellas, Nueno, Ontiñena, Osso de Cinca, Plan, Puente de Montañana, Valfarta, Valle de Lierp, Velilla de Cinca y Vencillón. Y el año pasado, Peñalba, Baells y Alcampell. Otros optaron por pedir subvenciones en lugar de créditos, o ambos.

Los inmuebles deben ser para alquiler, con un máximo de 255’60 euros al mes y por 2 años como mínimo. Los beneficiarios deben ser personas no inscritas en el padrón pero que realicen o vayan a realizar su actividad laboral en el municipio o su entorno; o jóvenes empadronados, menores de 40 años, que establezcan su residencia.