El Ministerio eleva en 90 millones más el coste final de tres tramos de autovía de Huesca y de la N-260
La propuesta de Presupuestos de 2023 actualiza las inversiones necesarias para los cuatro proyectos tras los últimos modificados que han alargado los plazos de entrega.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cifra el precio final de tres tramos de las autovías A-21 (Sigüés-Tiermas), A-22 (Huesca-Siétamo) y A-23 (variante de Sabiñánigo) y de la mejora de la N-260 entre Campo y el Congosto del Ventamillo en 90 millones de euros más de los previstos inicialmente.
Así queda plasmado en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado de 2023. Como consecuencia de ello, también se van a alargar los plazos de ejecución anunciados en un principio ya que la finalización de las autovías del Pirineo se prolonga ahora hasta 2028, mientras que la A-22 y la N-260 se entregarán en 2024.
En un año la suma de los costes de estos cuatro proyectos ha pasado de 220 a 310 millones en el documento de los PGE. Desde el Ministerio dejan claro que los presupuestos finales de cada uno de los tramos incluyen, además de las cantidades vigentes de las obras, otros conceptos como expropiaciones, asistencias técnicas y liquidaciones "para los que debe haber dotación suficiente para llevarlas a término», subrayan.
Así, el tramo de la variante de Sabiñánigo (A-23) fue adjudicado a la UTE Aldesa Construcciones y Rover Infraestructuras por 71 millones, pero este año ya se aprobó un modificado de 12,5 millones más que prolongó el plazo de ejecución de 40 a 55 meses. Su coste final, según el PGE, ha pasado de 64,5 a 97,4 millones (+51,5%).
Mientras, el tramo Sigüés-Tiermas de la A-21 fue adjudicado a Vías y Construcciones por 51 millones, a los que se han sumado ya otros 5 de un modificado que ha aumentado también el plazo de 36 a 56 meses. El coste ha pasado de 62,1 a 63,1 millones (+1,5%).
En la A-22, el Huesca-Siétamo fue encargado a Vidal Obras y Servicios por 46,7 millones, pero este año se aprobó un modificado de 4,5 más alargando su ejecución de 36 a 63 meses. Su coste ha crecido de 54,7 a 84 millones (+53,5%).
Y el proyecto que de momento parece tener mayor desfase es el de la N-260. Fue adjudicado a Dragados por 35,6 millones pero dos desprendimientos dejaron una factura adicional de 13,7 millones y ahora se van a hacer nuevas inversiones no programadas en el Ventamillo. Con ello, la previsión del coste final se ha disparado de 38,2 a 65,2 millones (+70,6%).
El diputado socialista Alfredo Sancho justifica este aumento de precios "porque tú empiezas un proyecto con un criterio objetivo de obras y de ejecución, pero luego te puedes encontrar con incidentes de distinto tipo que te obligan a hacer distintos modificados que no obedecen a una mala presupuestación ni mucho menos!. Y respecto a los retrasos –muy criticados por el PP– que conllevan estos sobrecostes, deja claro que "a nadie le gusta tener que alargar una obra, pero los procedimientos administrativos tienen unos plazos que hay que cumplir por seguridad jurídica, si no te puedes meter en problemas". Por último, recalca la importancia de que esas nueva inversiones estén consignadas ya en los PGE "porque podrán tardar un año más o menos, pero esas obras se terminarán", dice.
