Los exconsejeros catalanes del caso Sijena serán juzgados finalmente fuera de Aragón
En vísperas de la vista oral, el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca se inhibe por la condición de aforado de Lluís Puig. La cuestión ahora es si pasa a manos del Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Los exconsejeros de Cultura catalanes acusados de desobediencia por negarse hasta en cuatro ocasiones a devolver las obras de arte al monasterio de Sijena no serán juzgados finalmente en Aragón. El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha convocado este año hasta dos ocasiones la vista oral contra Santi Vila y Lluís Puig, el 4 de mayo y el 5 de octubre, pero ambas han sido suspendidas, la primera a pocas horas de celebrarse y la segunda, a dos días. Ahora, el magistrado ha decidido inhibirse por la condición de aforado de Puig, que ostenta la condición plena de diputado, a pesar de permanecer huido en Bélgica desde hace cinco años.
En una providencia comunicada este lunes a las partes, el juzgado acuerda formalmente la suspensión de la vista prevista para el próximo miércoles, una decisión que ya comunicó por teléfono a los abogados a finales de la semana pasada. Justifica la decisión por la cuestión de competencia planteada por Puig, atendiendo a su condición de diputado, y anuncia una "exposición razonada" en la que expresará los motivos por lo que entiende que la causa "no corresponde a este juzgado".
El abogado de la acusación particular, Jorge Español, cree que el anunció de una "exposición razonada" apunta con toda probabilidad a que el caso acabe en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pues es una condición de esta instancia para atender un asunto. La otra opción es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), como pedía el abogado del exconsejero.
Español, que representa al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, es partidario de trasladar el caso al Tribunal Supremo y no a Cataluña. En su opinión, el delito de desobediencia se cometió fuera de esta Comunidad, en concreto, en Villanueva de Sijena, "que es el lugar donde se dejó de realizar la acción que le demandaba el Juzgado de Huesca: retornar allí las obras de arte que estaban en el Museo de Lérida".
Según el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en las causas contra los diputados, es competente el TSJC, pero fuera del territorio catalán la responsabilidad penal es exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como argumentó la Fiscalía. En todo caso, la última palabra al respecto la tendría la Sala Segunda del alto tribunal, que en caso de conflicto debería dirigir sobre el lugar del delito y la instancia competente.
Lluís Puig obtuvo el acta de diputado hace año y medio. Sin embargo, no fue hasta hace unos días, en vísperas de la vista oral, cuando remitió un escrito al juzgado alegando su condición de aforado para solicitar la inhibición a favor del TSJC. El magistrado libró entonces un oficio a la presidencia del Parlament y esta ha confirmado que Puig ha accedido al pleno ejercicio de la condición de miembro de la Cámara.
Puig es uno de los cinco líderes soberanistas huidos tras la declaración unilateral de independencia en 2017 que todavía permanece en el extranjero. El fiscal pide para él y para Vila por el caso Sijena una multa de 5.940 euros, la indemnización al Gobierno de Aragón por los gastos del traslado de los bienes y, lo que más pesa para su carrera política, la inhabilitación para ejercer cargo público durante dos años. La acusación particular eleva la pena a 99.000 euros en el caso de Vila y 66.000 en el de Puig. Para afrontar una posible condena, Vila ha tenido que depositar una fianza de 216.000 euros y Puig, de 88.000.
Los hechos se remontan a 2015. Durante dos años, la Generalitat desoyó hasta en cuatro ocasiones las órdenes dictadas por un juzgado de Huesca para que retornara a Sijena casi un centenar de obras de arte, cumpliendo así la sentencia que declaró nula su venta al Gobierno catalán. Las primeras las recibió Vila y el último requerimiento, en junio de 2017, fue notificado a Puig, que había tomado el relevo en la consejería. Finalmente entregaron parte de las piezas, las que estaban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero las depositada en el Museo de Lérida tuvieron que ir a buscarlas técnicos del Gobierno de Aragón con una orden judicial en la mano y el auxilio de la Guardia Civil.
