Los ayuntamientos de las zonas turísticas se lanzan a construir pisos para atraer a los trabajadores
Panticosa, Aínsa, Biescas, Canfranc o Sallent de Gállego quieren combatir el «colapso» del mercado de alquiler
Encontrar un piso de alquiler para vivir en las localidades más turísticas del Pirineo es misión casi imposible, y no solo para los trabajadores del sector hostelero. La misma dificultad encuentran profesores, médicos o empleados de banca, ya que los pocos disponibles se destinan a arrendamientos vacacionales. El colapso del mercado ha llevado a los propios ayuntamientos a tomar cartas en el asunto y lanzarse a promover la construcción de alquileres sociales destinados a trabajadores, ayudando al mismo tiempo a los empresarios a encontrar mano de obra.
«Tenemos un problema muy grande. La gente que se quiere establecer aquí tiene que pagar unos precios por una vivienda de alquiler como si fuera un turista. Una apartamento está sobre los 800 euros, cuando el sueldo de un empleado de la estación de esquí o de un camarero oscila entre los 1.200 o 1.300. Es inasumible a no ser que lo compartan», explica el alcalde de Panticosa, Jesús María Úriz (PP).
Este ayuntamiento ha diseñado uno de los proyectos más ambiciosos. Remodelará una antigua residencia cedida por la Diputación Provincial para construir 14 o 15 apartamentos de alquiler social, de unos 40 o 50 metros cuadrados, y otros 4 o 5 más pequeños como pisos tutelados para mayores. El precio lo tasa la DGA, según la superficie, pero el alcalde calcula que estará algo por encima de 300 euros.
La redacción del proyecto se acaba de licitar por 96.000 euros con la intención de que en septiembre empiecen las obras. La inversión rondará 1,2 millones de euros, un presupuesto relativamente barato gracias a que la estructura está hecha y el tejado es prácticamente nuevo. Quedaría la tabiquería interior y el trabajo de fontanería y electricidad. El alcalde calcula que la obra será rápida, ya que al estar el edificio cubierto se podrá trabajar en invierno. Úriz confía en tener los pisos listos en la temporada del 2023.
Panticosa lo financiará en parte con remanentes de tesorería y en parte con una subvención de fondos europeos de 631.404 euros de Plan de Recuperación y Resiliencia, para ayudas a la construcción de pisos en alquiler social, en edificios energéticamente eficientes. También Aínsa está en la lista de los 40 ayuntamientos beneficiados con los 29 millones de euros anunciados por el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, para ampliar el parque público de alquiler.
«El mercado de alquiler en Aínsa está colapsado; en Boltaña, está colapsado; en Labuerda está colapsado...», afirma el alcalde del primer municipio, Enrique Pueyo (PSOE), pionero en aprobar una moratoria de viviendas turísticas ante la falta de pisos para trabajadores que asientan población. Sigue así el ejemplo de Ibiza o Barcelona, ciudades que han puesto límites a la proliferación de estos alojamientos para evitar que copen la oferta.
También profesores o médicos
En el caso de Aínsa, la subvención es de 800.000 euros, que sumados a un crédito bancario permitirá al consistorio financiar los 2,3 millones de la construcción una bloque de 16 viviendas en un solar municipal. «Los pisos tendrán entre 80 y 90 metros cuadrados porque van destinados a familias. Lo que nosotros queremos es asentar población», señala Pueyo.
El déficit de pisos de alquiler no solo afecta a trabajadores del sector turístico. El mismo problema tienen los sanitarios o educadores que deben trasladarse a zonas rurales muy turísticas, o los empleados de oficinas bancarias. «La demanda de alquiler es muy alta, y no solo para los trabajadores de las estaciones de esquí en invierno. Tenemos mucha segunda residencia, muchos pisos cerrados, pero no en alquiler», coincide la alcaldesa de Biescas, Nuria Pargada (PAR).
Biescas proyecta 10 viviendas de alquiler social para paliar ese déficit, pero se ha quedado fuera de las subvenciones del plan, en lista de espera para una segunda fase. Solicitó 462.000 euros pero no cumplía con el requisito de tener disponible suelo municipal, ya que pretende remodelar la Casa Forestal, propiedad de la DGA.
Junto a la estación de Canfranc
En Canfranc, el plan parcial de la estación de ferrocarril reserva dos parcelas para 56 viviendas sobre terrenos de la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón. Según el alcalde, Fernando Sánchez (PSOE), serán precios de alquiler tasados, para trabajadores y vecinos, no para segundas residencias. «Necesitamos viviendas para gente que viene a trabajar, y más teniendo en cuenta que solo en el hotel de la antigua estación habrá una plantilla de 150 personas», declara.
El problema también lo sufre Sallent de Gállego, sin vivienda «no solo para los trabajadores de la estación de esquí, sino para restaurantes, bares, hoteles..», afirma su alcalde, Jesús Gericó (PP). Este ayuntamiento quiere retomar un plan paralizado por la pandemia y sacar a concurso una parcela donde pretende edificar unas 50 o 60. El proyecto incluye además un albergue para deportistas y para escolares.
El consejero Soro se refirió específicamente a que los 29 millones para 40 ayuntamientos servirían, además de para atender a población vulnerable y afrontar la escasez del parque en el medio rural, para solucionar «las necesidades en municipios turísticos, donde es complicado encontrar vivienda para trabajadores a precios asequibles».
