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Años de lucha para traer a su hermano discapacitado de Cataluña a Aragón

Un vecino de Graus describe la carrera de obstáculos que supone el acercamiento a casa. "Es inviable para nosotros sacar a mi hermano porque no podemos renunciar a una plaza asistencial sin tener otra alternativa", lamenta.

José Ferreiro, de Graus, pone voz al problema que tienen las familias para acercar a un allegado dependiente.
José Ferreiro, de Graus, pone voz al problema que tienen las familias para acercar a un allegado dependiente.
Ángel Gayúbar

José Ferreiro, vecino de Graus, denuncia una situación que están viviendo muchas familias en toda España y que está causando un profundo dolor en demasiadas, la de tener a allegados discapacitados o dependientes ingresados en establecimientos sanitarios o asistenciales de una comunidad distinta a la que residen y solicitar su acercamiento a casa. El proceso de 'repatriación' de esos familiares se convierte en una absurda carrera de obstáculos y trabas administrativas que acaba por destrozar anímicamente –y también económicamente- a las familias implicadas.

Es algo que está sufriendo en primera persona Ferreiro, tutor legal de su hermano Pedro, que está ingresado en un centro de la vecina Cataluña, y que ha realizado desde hace años mil trámites y entrevistas para intentar traerlo hasta alguna institución de la sanidad pública próxima a Graus sin poder conseguirlo. "No es que nos sea imposible acercarlo hasta aquí –puntualiza-, pero es muy difícil y tremendamente costoso, un auténtico lío quiero pensar que burocrático".

Ferreiro explica que su hermano tiene reconocido un grado de gran dependencia tras una dura enfermedad que le dejó imposibilitado. Residía entonces en Cataluña, en esta comunidad tenía su tarjeta sanitaria, allí recibió tratamiento médico y allí es atendido desde entonces, ya que tiene una plaza en un centro para discapacitados. Su familia reside en Graus y "desde hace ya bastantes años" ha mostrado su interés en traerlo a un centro "acorde a sus necesidades" aquí en Aragón. 

Pero después de hablar con las instituciones responsables del posible traslado, la solución que les plantearon fue que su hermano –él como su representante legal- renunciara a la plaza asistencial adjudicada en Cataluña, trasladar el expediente sanitario a Aragón e inscribir a Pedro en la lista de espera de esta Comunidad hasta que le adjudiquen una plaza en una entidad especializada aragonesa, "lo que quiere decir -señala José- que todo el período de tiempo que transcurra hasta que quede una plaza libre, y nos han advertido en los servicios sociales que pueden ser varios años, nos tendríamos que hacer cargo de todos los gastos de su tratamiento asistencial".

Las plazas en centros privados especializados en el tratamiento a personas con una discapacidad prácticamente total son caras –pueden superar los 3.000 euros al mes- y ese es un coste que las familias no pueden asumir, si se prolonga durante un largo período en el tiempo. "Ahora mismo –confirma Ferreiro- es inviable para nosotros sacar a mi hermano porque no podemos renunciar a una plaza asistencial sin tener otra alternativa".

Señala también que, tras hablar con los Servicios Sociales y conocer el proceso al que se enfrentaba, se puso en contacto en abril de 2019 con el Justicia de Aragón para exponerle el caso y solicitarle ayuda para que expusiera esta problemática a las administraciones implicadas. El Justiciazgo trasladó este asunto al Departamento de Derechos Sociales y Ciudadanía y allí les indicaron que era un tema que debía tratarse a nivel nacional, en el consejo interterritorial de Atención a la Dependencia. 

Ferreiro recuerda que desde la oficina del Justicia les comentaron que habían hecho todo lo que habían podido, que las entidades implicadas habían tomado nota del problema, que se llevaba esta petición al consejo interterritorial, pero tres años después siguen sin tener ningún tipo de respuesta.

Señala este grausino que ser tutor de una persona gran dependiente –más allá del dolor de ver impedido a una persona muy querida- supone tener que dedicar "tiempo, recursos, implicación y estrés porque los tutores nos tenemos que hacer cargo de muchas de las necesidades de nuestros tutelados aunque estén en un centro especializado". 

Los tutores deben acompañar a sus familiares a las visitas médicas, asistir a los juzgados para hacer revisiones de cuentas de las personas discapacitadas o atender sus necesidades personales en cuanto a la adquisición de ropas productos de higiene y otros muchos aspectos. "Nos requiere un gran dedicación que en casos como el mío se ve dificultada por la lejanía física y la necesidad de realizar largos desplazamientos que acaban pasando factura".

Por ello, el objetivo de traer a su hermano Pedro a un centro aragonés es el de mejorar la situación y calidad de vida de ambos "porque no es lo mismo la cercanía y la inmediatez a la hora de poder atenderlo que la presión añadida de tener que realizar largos viajes para poder estar con mi hermano". José comenta que Barbastro y Monzón –a una media hora de viaje desde Graus- cuentan con dos centros públicos que podrían atender perfectamente a su hermano "y si pudiera estar aquí cambiaría mucho la cosa".

Pero según la normativa vigente no se puede hacer un traslado de un residente de una institución asistencial de una comunidad a otra de una comunidad diferente si no se lleva a cabo todo el proceso –parece que kafkiano al tratarse de un mismo país- de renunciar a la plaza propia, iniciar los trámites en el destino demandado y esperar largos meses –o años- a que quede aquí una plaza disponible asumiendo del peculio propio todos los gastos originados, lo que, a la postre, hace inviable todo el proceso. 

Ferreiro así lo reconoce y apunta que "desde un punto de vista lógico", lo que parece adecuado es trasladar o hacer conocedores a los servicios sociales de las comunidades implicadas los deseos de las familias y, si son justificados, coordinarse entre ellos, incorporar al demandante a la lista de espera en la comunidad elegida sin perder la plaza en la que reside en el momento de tramitar la solicitud y propiciar el traslado en el momento en que pueda ser posible. "Es decir, facilitar las cosas para que, en el caso de mi hermano o cualquier otra persona en su misma situación, puedan permanecer en su centro hasta que surja una plaza acorde a sus necesidades cerca del lugar de residencia de sus tutores y familiares", recalca José, quien considera "inviable" cualquier otra alternativa.

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