El caso Sijena lleva mañana al banquillo a dos exconsellers de la Generalitat
Lluís Puig no acudirá al juicio por desobedecer la orden de entrega de los bienes, mientras que Santi Vila se juega ser candidato a la alcaldía de Barcelona en 2023.
El exconseller de Cultura de la Generalitat de Cataluña Santi Vila se juega esta semana en Huesca algo más que una multa por desobedecer la orden judicial de entrega de las obras del monasterio de Sijena, obligando a irlas a buscar con la Guardia Civil al Museo de Lérida. La vista oral que se celebra mañana, miércoles, en el Juzgado de lo Penal nº 1 de la capital oscense puede acabar con sus aspiraciones de ser candidato a la alcaldía de Barcelona en 2023, en caso de ser condenado a penas de inhabilitación, como piden las acusaciones.
Será el único de los dos acusados en comparecer. Frente al juez (una sustituta, ya que el titular se ha trasladado a Zaragoza) no se sentará su sucesor en la consejería, Lluís Puig. Dada la pena solicitada no está obligado, y además la justicia de Bélgica, país al que huyó junto a Carles Puigdemont, ha rechazado incluso su declaración por videoconferencia. La acusación particular, ejercida por el abogado Jorge Español, solicitará la suspensión de la vista para que sea detenido y extraditado a España, algo que no consiguió el Supremo en 2020 cuando quería juzgarlo en la causa del ‘procés’.
Vila y Puig están acusados de los delitos de desobediencia. El fiscal pide para ellos una multa de 5.940 euros, que indemnicen al Gobierno de Aragón por los gastos del traslado de los bienes y su inhabilitación para ejercer cargo público durante dos años. La acusación particular eleva la pena a 99.000 euros en el caso de Vila y 66.000 en el de Puig. Para afrontar una posible condena han tenido que depositar fianzas de 216.000 y 88.000 euros, respectivamente. Al último lo apoyó la caja de resistencia de los independentista, pero no a Vila, considerado un traidor a la causa, que tuvo que avalar con su casa.
En la lista de testigos no figurarán ni la consejera aragonesa Mayte Pérez ni el exministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo (responsable durante un tiempo de la consejería catalana por la aplicación del artículo 155 de la Constitución), como pretendía la defensa de Vila, al no haberlos admitido el juez.
Hasta cuatro órdenes incumplidas
Los hechos se remontan a 2015. Durante dos años, la Generalitat desoyó hasta en cuatro ocasiones las órdenes dictadas por un juez para que retornara a Sijena casi un centenar de obras de arte, cumpliendo así la sentencia que declaró nula su venta al Gobierno catalán.
El 11 de junio de 2015, el juzgado número 1 de Huesca ya requirió a la Generalitat para que realizara el traslado. Pasó un año y se le volvió a reclamar, con una notificación personal al entonces consejero Vila, dándole de plazo hasta el 25 de julio de 2016. Un día después se realizó una entrega parcial, 53 obras depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero faltaban las 44 del Museo Diocesano de Lérida.
El auto se repitió el 18 de octubre de 2016, apercibiendo a Vila de las consecuencias legales. Este no solo no las entregó sino que medio año después dictó una orden por la que no autorizaba la disgregación de los bienes del Museo de Lérida. Todavía hubo otro requerimiento, en junio de 2017, esta vez notificado a Puig, que había tomado el relevo en la consejería.
La querella contra ellos llegó en septiembre de 2017 del abogado Jorge Español. Se sumó el Gobierno de Aragón, pero se retiró al cabo de unos días justificando que no quería actuar penalmente contra la Generalitat. Español explica la mayor pena solicitada para Santi Vila porque no solo hubo una desobediencia pasiva al no proceder a la entrega, sino "activa", al intentar obstaculizar el cumplimiento de la ejecución de la sentencia.
