Denuncian el retraso del futuro cuartel de la Guardia Civil de Sariñena
La Comandancia ha iniciado los trámites para aceptar el terreno cedido por el Ayuntamiento y subraya su interés "logístico y operativo". Jucil y Jupol reclaman mejores medios para la Benemérita y la Policía Nacional.
La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) denuncia el retraso del nuevo cuartel de Sariñena ya que el mal estado de las actuales instalaciones impide que se puedan alojar más guardias en caso de una ampliación de plantilla. De momento, el Ayuntamiento ha cumplido ya con su parte cediendo el terreno donde se levantará el futuro acuartelamiento pero no hay plazos para iniciar las obras por parte de la Dirección General.
Esta es una de las reivindicaciones que plantearon tanto Jucil como su sindicato homólogo de la Policía Nacional (Jupol), que forman la organización Jusapol, en una reciente reunión que mantuvieron con la subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar, a la que agradecieron su "atención y preocupación".
Alberto Salas, portavoz de Jucil en el Alto Aragón, reclamó este martes la mejora de las instalaciones oficiales, además de dotar a los puestos de mayor personal y mejoras materiales, como vestuario y chalecos individuales antibalas. Y respecto a Sariñena, criticó que debido a la demora que acumula el proyecto tampoco se acometen actuaciones de mantenimiento y mejora en el cuartel, donde 12 pabellones no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, afirma. Actualmente solo hay siete viviendas disponibles "con lo que si vinieran más guardias para cubrir todas las vacantes que hay, no tendrían sitio donde vivir y tendrían que irse de alquiler", aseguró.
En respuesta a ello, desde la Subdelegación del Gobierno explicaron que la Comandancia de Huesca ha iniciado ya los trámites con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (que se ocupa de la gestión, venta directa y subasta de inmuebles y solares pertenecientes al Ministerio del Interior) para aceptar la regularización de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Sariñena.
Y paralelamente, ha informado al Servicio de Acuartelamientos de la Guardia Civil sobre el interés "logístico y operativo" que tiene esta nueva infraestructura. Con todo, de momento no dan plazos para comenzar con los trabajos de construcción.
Cuarteles operativos y otros solo para atención y para viviendas
Asimismo, desde Jucil solicitan una reestructuración y reorganización de las dependencias en la provincia de Huesca para mejorar y optimizar los recursos disponibles y el servicio a los ciudadanos del medio rural. En este sentido, plantean como alternativa a un posible cierre de cuarteles "porque la presión de alcaldes y políticos lo hace inviable", darles un uso diferente concentrando el personal en aquellos puestos con mayor incidencia de delitos y utilizar el resto de instalaciones solo como oficinas de atención al ciudadano con horarios concretos y como viviendas para los agentes.
Por su parte, Ibón Domínguez, como portavoz de Jupol, incidió en la necesidad urgente de ampliar el catálogo de puestos de trabajo de la comisaría provincial de Huesca ya que no se ha incrementado desde 2008. Al respecto, pide unos 20 policías más para equiparar la plantilla a la de ciudades de similar tamaño como Ávila o Segovia.
También solicita acelerar las gestiones que sean necesarias para que Jaca cuente con nuevas dependencias policiales, "que serían también de gran ayuda también para la Unidad de Extranjería de Canfranc, resolviendo las carencias actuales", resaltó.
Los representantes de Jusapol trasladaron además reclamaciones de ámbito nacional como la equiparación salarial con sus homólgos de los Mossos d'Esquadra "porque no se ha completado satisfactoriamente y continua la discriminación", denuncian. De hecho, entregaron un informe que especifica de forma detallada dónde permanecen esa brechas salariales: el propio sueldo, la jubilación, las pagas extras, las horas extraordinarias, asistencia a juicios, etc.
También mostraron su preocupación por la posible derogación de la actual ley de Seguridad Ciudadana ya que consideran que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "podrían perder el principio de autoridad, pudiendo crearse situaciones de alarma social e inseguridad ciudadana que afectaría negativamente a la ciudadanía", señalan.
