Afectados por las heladas de Huesca, Lérida y Zaragoza reclaman soluciones

Alcaldes y representantes comarcales de Aragón y Cataluña hacen frente común para evitar la quiebra del sector de la fruta. Solicitarán a la DGA y la Generalitat ayudas directas a fondo perdido para los productores. 

Representantes de las comarcas afectadas por las heladas en la reunión de este lunes.
Representantes de las comarcas afectadas por las heladas en la reunión de este lunes.
Heraldo.es

El paso de los días solo ha servido para confirmar las peores previsiones. Las heladas registradas a principios de este mes de abril han acabado con entre el 80 y el 100% de la producción de fruta en Aragón. Tampoco es mejor la situación en las comarcas vecinas de Cataluña, lo que llevó este lunes a representantes políticos de uno y otro lado a reunirse con urgencia y aunar posturas, con el fin de hacer frente común y evitar el colapso económico y social de sus territorios.

El presidente de la Comarca del Bajo Cinca, Marco Ibarz, actuó de anfitrión, recibiendo a alcaldes y representantes comarcales del Cinca Medio, La Litera y Caspe. También acudieron políticos catalanes del Segrià, Pla d’Urgell, Garrigues y la Granja d’Escarp. La reunión, celebrada en Fraga, fue rápida y fructífera, con el acuerdo de redactar un documento conjunto que elevar a las consejerías de Agricultura de los Gobiernos de Aragón y Cataluña así como al Ejecutivo central. 

Dentro de sus demandas, pusieron el acento en la necesidad de "activar medidas extraordinarias" que garanticen la supervivencia del productor, al que las últimas heladas ha colocado al borde de la quiebra. "Algunos corren el riesgo de desaparecer, especialmente los que ya sufrieron heladas durante la campaña anterior y perdieron gran parte de su cosecha", explicó Ibarz. "Necesitamos -insistió- de medidas urgentes, que permitan que el sector coja oxígeno o estará en riesgo su supervivencia". 

Para ello, solicitan ayudas directas a fondo perdido o en su defecto, nuevos créditos blandos. También piden que se articulen herramientas para dar cobertura a los trabajadores fijos o fijos discontinuos que van a perder su empleo dado el drástico descenso de la producción, solicitando la posibilidad de poder recurrir a la aplicación de ERTEs.

Las heladas destruirán miles de empleos. Y no solo los reservados a los temporeros. También los puestos de trabajo de aquellos que están en fincas o almacenes todo el año. La alcaldesa de Caspe, María Pilar Mustieles, puso cifras a la situación. En el Bajo Aragón, según explicó, el sector genera 3.000 puestos fijos, a los que se suman "otros tantos o más durante la temporada de recogida", señaló. 

Para la edil, el problema puede alargarse "más allá de la actual campaña" y por ello, es necesario contar con nuevos mecanismos y medidas a medio y largo plazo. Así, dentro de ellas, también acordaron solicitar que el sector de la fruta sea incluido en las ayudas de la PAC y en relación a los seguros, insistieron en que sean "más accesibles y atractivos", dijo, revisando, entre otros aspectos, el 30% de la franquicia actual.

"Aquí no hay fronteras. Todos estamos sufriendo la misma situación y es preciso actuar en bloque, con el fin de que nuestras reivindicaciones sean atendidas", señaló el presidente del Consell Comarcal del Segrià, David Massot, resumiendo el sentir de unidad del encuentro. En su comarca, limítrofe con el Bajo Cinca, los daños también son altos, con pérdidas del 60 al 100%, lo que, según insistió, acabará repercutiendo en el conjunto del territorio, incluyendo su capital, Lérida, ya que gran parte de su economía está ligada al sector de la fruta.

 "No se trata de un problema del agricultor o de las zonas rurales; la situación es crítica para el conjunto de nuestras zonas. El agricultor necesita liquidez para seguir trabajando y ahora mismo, esa debe ser la prioridad", subrayó, recordando que si se hunde el primer escalón también lo hará el resto: empresas, servicios o comercios. El presidente del Bajo Cinca también habló de las "graves" consecuencias que tendrá en la economía del territorio, donde por segundo año consecutivo los almacenes tendrán dificultades para cumplir con sus compromisos y ser competitivos, atendiendo además a la subida del precio de la energía.

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