La Diputación de Huesca pide excluir a los perros pastores, truferos y de caza de la ley de bienestar animal
La institución reclama la retirada del anteproyecto, que también obliga a las entidades locales a prestar cuidados veterinarios a cualquier "animal urbano", incluyendo roedores, aves e invertebrados.
La Diputación de Huesca ha pedido la retirada del anteproyecto de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales que tramita el Gobierno de España, para ser debatida con agentes sociales y entidades locales, al considerar que requiere "una revisión integral" al partir de unos presupuestos "erróneos". Uno de los motivos de discrepancia son las obligaciones impuestas sobre los perros de pastoreo, los de caza o los truferos, que perjudican la actividad cinegética, el cultivo de la trufa o la ganadería extensiva, fundamentales en el medio rural.
En las alegaciones presentadas a la Dirección General de Derechos de los Animales, reclama la exclusión de estos animales de trabajo del ámbito de aplicación, considerando sus especificidades. Las organizaciones de cazadores ya han advertido que no se podría cazar con perro, ya que podría sufrir algún daño al cobrarse una pieza, se cuestiona el adiestramiento y la cría de cachorros y se obliga a la esterilización. Esto mismo afectaría a los perros pastores o a aquellos dedicados al cultivo de trufa, si finalmente salen adelante las restricciones.
Respecto al mastín del Pirineo, de guarda de ganado contra el oso y el lobo (el Gobierno de Aragón subvenciona su compra en zonas donde viven estos depredadores), la Diputación quiere sacarlo del régimen jurídico actual de animal potencialmente peligroso cuando se les utilice para estos fines.
Un gasto excesivo para las entidades locales
La institución provincial discrepa igualmente de definición genérica de "animal urbano", que engloba no solo animales de compañía (perros, gatos y aves que son mascota) sino cualquiera que comparta espacio geográfico con las personas en ciudades y pueblos, como roedores, aves e invertebrados, ya que se obliga a las entidades locales a darles cuidados veterinarios.
Y es que todos los municipios de más de 5.000 habitantes deberían contar con centros públicos de protección animal, propios o contratados, con servicio de atención veterinaria las 24 horas, una exigencia considerada "excesiva". Deberían "recoger, alojar, atender y asistir" a los animales abandonados, los urbanos, extraviados, heridos o desamparados, "previsiones que implican un incremento de gasto público que la ley no solo no contempla sino que incluso prohíbe", señalan las alegaciones. También se exige, respecto a las colonias felinas, colocar un microchip a los gatos urbanos esterilizados, "un gasto demasiado elevado" en el control de las colonias. La Diputación sería partidaria de incrementar el umbral a 20.000 habitantes.
El desacuerdo se extiende a la prohibición de cría de animales de compañía, salvo para personas inscritas en un registro. Y respecto al sacrificio, las alegaciones consideran más adecuada la previsión de la ley autonómica, que lo permite en determinadas condiciones.
El anteproyecto, aprobado en Consejo de Ministros, será debatido por la Diputación en el próximo pleno tras una moción presentada por el PAR. En ella rechaza por "los efectos perjudiciales, directos e indirectos" para la caza y la ganadería extensiva. Se insta al Gobierno central a replantearlo e incorporar las alegaciones de cazadores, agricultores, ganaderos y veterinarios, excluyendo de esta norma las actividades cinegéticas y la ganadería.
La moción señala que no tiene sentido la protección de especies dañinas como el oso y el lobo mientras se ponen trabas al medio de vida de los ganaderos, que tratan con cuidado y respeto a sus perros, aunque no se les considere estrictamente perros de compañía sino colaboradores. "La ganadería extensiva es una actividad económica esencial para nuestro medio rural", recuerda, lo mismo que el cultivo de la trufa, que también puede verse perjudicada.
