Huesca
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La CHE recuperará otras 19 centrales hidroeléctricas antes del 2027 al caducar la concesión

En los próximos años volverán a titularidad del Estado varios saltos en Nuévalos, Panticosa, Salinas, Seira o Añón, mientras que los más grandes seguirán en manos de las eléctricas hasta el 2061. Los ayuntamientos afectados por las primeras reversiones dan por perdida la batalla judicial para obtener alguna compensación.

La central hidroeléctrica de Lafortunada-Cinqueta, la más grande revertida hasta ahora a la CHE.
La central hidroeléctrica de Lafortunada-Cinqueta, la más grande revertida hasta ahora a la CHE.
Rafael Gobantes

La Confederación Hidrográfica del Ebro recuperará para el Estado la concesión de otras 19 centrales hidroeléctricas en la cuenca hasta el año 2027, continuando con el proceso iniciado en 2013 para extinguir el derecho de una serie de aprovechamientos construidos en el siglo pasado y que estaban en manos de compañías eléctricas.

Entre las centrales que en los próximos años pasarán a ser de titularidad pública figura la de La Requijada, en el río Piedra, en el municipio de Nuévalos, cuyo expediente se encuentra en tramitación. La concesión, de Hidroeléctrica de Piedra S. L. U., acabó el 24 de enero de 2021. Están próximas a caducar las de Morana y Morca (Añón de Moncayo), ambas en el río Huecha. La concesión es actualmente de Acciona, pero se extinguirá en 2022 y 2023, respectivamente.

En 2024 se restituirá la de Salinas, un salto auxiliar de Lafortunada-Cinca, en el río Cinca; y un año después la de Argoné (Seira), en el Ésera. Ambos pertenecen también a Acciona, que en 2027 deberá entregar el de Baños de Panticosa, en el río Caldares.

Además de estas centrales aragonesas, hay otras en la cuenca del Ebro, en La Rioja, Burgos, Navarra, Lérida y Cantabria. En total, según la CHE, caducan 19 concesiones en el periodo 2019-2027. La lista incluye otras dos, San José (Graus) y El Ciego (Estada) que eran explotadas por la empresa química Hidro-Nitro de Monzón a través de un contrato de arrendamiento con un plazo de 75 años, que expiró en 2019. Las instalaciones pasaron entonces como bien patrimonial a la CHE, encargada de su explotación.

Los grandes saltos, en manos privadas hasta 2061

Las centrales hidroeléctricas más grandes de la cuenca del Ebro seguirán todavía varias décadas en manos privadas. Las concesiones de Mequinenza, Ribarroja o Moralets no se extinguirá hasta el 2061, y en el horizonte del 2042 está otro salto importante, el del embalse de El Grado.

La explicación de por qué la mayoría de aprovechamientos caduca en 2061 hay que buscarla en la entrada en vigor de la ley de Aguas en 1986. Esta fijaba un plazo máximo de concesión por primera vez de 75 años, de forma que las centrales que tenían concesión a perpetuidad, por 100 años o sin plazos amparándose en legislaciones anteriores, no caducan hasta el 2061.

Mequinenza no solo es una de las centrales hidroeléctricas más grandes del Ebro sino del país. Propiedad de Endesa Generación, se puso en marcha en la década de los 60, de forma que cuando finalice la concesión habrá pasado un siglo. Tiene una potencia de 326 Mw. Más grande es la de Estangento Sallente, en Lérida (446 Mw), con la misma fecha de caducidad, así como la de Moralets (221 Mw), en el municipio aragonés de Montanuy, y la de Ribarroja (262), a caballo entre Aragón y Cataluña.

El proceso para recuperar las concesiones en manos de Endesa, Acciona o Iberdrola empezó en 2012. La primera en revertir al Estado fue la de El Pueyo, en Panticosa, un año después. En 2017 se sumó la de Campo; y en 2018, las de Barrosa y Urdiceto (Bielsa). Más complejo fue el proceso para devolver al Estado Lafortunada-Cinqueta (Tella-Sin), una de las de mayor potencia del Pirineo. Al entonces Ministerio de Medio Ambiente se le pasaron los plazos en la tramitación del expediente. Caducó transcurridos 18 meses sin dictar una resolución, lo que en su día se interpretó como falta de voluntad política para recuperar las concesiones hidroeléctricas. Hubo de empezar de cero y el proceso no se completó hasta el 2020, 13 años después de la fecha de caducidad.

La central estuvo parada un año. Volvió a producir después de que la Confederación firmara un contrato para que Acciona se hiciera cargo de su explotación, la misma firma que lleva Barrosa y Campo. Y es que la gestión de las centrales revertidas recae en la CHE, que es su titular, aunque el mantenimiento y el manejo de las incidencias se externalizan a las empresas, mientras que la venta de la energía en el mercado eléctrico se realiza mediante la contratación de un representante autorizado.

Las primeras reversiones acabaron en los tribunales. La Diputación de Huesca y los ayuntamientos afectados defendían su derecho a obtener compensaciones considerando que los tendidos eléctricos, los canales y las tuberías discurren por montes de titularidad municipal. El caso llegó a la Audiencia Nacional y tras su desestimación se interpuso un recurso de interés casacional en el Supremo. Pero todos los fallos han sido favorables a la Confederación, y las entidades locales dan la batalla legal por perdida. No solo no obtendrán beneficios sino que verán mermados sus ingresos anuales en miles de euros, al estar está exenta la CHE del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que sí grababa a las empresas en la explotación de los recursos hidroeléctricos.

El ibón de Urdiceto, represado, donde está la central hidroeléctrica revertido y cuya viabilidad se estudia ahora.
El ibón de Urdiceto, represado, donde está la central hidroeléctrica revertida y cuya viabilidad se estudia ahora.
Ayuntamiento de Bielsa

Bielsa exige demoler las que queden sin uso

Todas las centrales recuperadas desde 2013 son explotadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro, salvo la de Urdiceto, en Bielsa, cuya viabilidad está actualmente en estudio. Los procesos administrativos de extinción deben determinar si el Estado sigue explotándolas como lo hacían las eléctricas o si lo conveniente es no revertir, al resultar inviable su mantenimiento, bien por razones económicas o medioambientales. En estos casos la CHE exigiría la demolición de las infraestructuras localizadas en el dominio público hidráulico.

Otro ejemplo es la central de Ecay (Navarra), cuya resolución de extinción en 2020 determinó que no procedía la reversión por estar en la Red Natura 2000 y no ser rentable económicamente.

El alcalde de Bielsa, Miguel Noguero, pedirá que se aplique la normativa y se proceda a la demolición de las instalaciones de Urdiceto si esta no vuelve a arrancar. Se trata de un ibón situado a 2.400 metros que, como tantos otros en el Pirineo, fue represado para su aprovechamiento energético. Allí siguen el muro de hormigón y la central.

Hace 15 años se acometió un ambicioso plan de limpieza de los ibones afectados por antiguas construcciones hidroeléctricas. Once lagos de alta montaña se libraron del cemento y el hierro gracias a un convenio en el que participaron Endesa, la Fundación Ibercaja, el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos de Canfranc, Sallent de Gállego, Panticosa, Bielsa y Montanuy. Se actuó en los ibones de Ip, Arriel, Respomuso, Campoplano, Azul Bajo, Bachimaña, Bramatuero, Brazato, Marboré, Llauset y Urdiceto. En este se retiraron restos de viejas edificaciones y elementos utilizados en la construcción, pero quedaron las instalaciones usadas para seguir produciendo energía hidroeléctrica. "Si ese ya no va a ser su uso, queremos que Urdiceto se restituya a su estado original", señala Noguero.

Bielsa es uno de los municipios que más ha luchado para conseguir compensaciones por la reversión. Litigó pero renunció a los recursos tras las sentencias en contra. Ahora la esperanza está puesta en la vía política. Una de las soluciones pasa por obtener algún beneficio de la ocupación de monte público cuando la CHE ceda la explotación a una empresa, considerando además las servidumbres que soporta el caudal del río. 

El Ayuntamiento se ha negado a otorgar licencia de obras para mejoras en la central de Barrosa con el argumento de que no consta autorización de ocupación del monte de su propiedad, una vez revertida. "No negamos que las instalaciones ahora sean de la CHE, pero el suelo por el que pasan las tuberías es del municipio", defiende Noguero.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) está tramitando actualmente un expediente que valora la ocupación en 17.000 euros al año, y es solo sobre un 20% de los terrenos. El proceso está por concluir, pero el alcalde lo valora como "un gran paso". "Si seguimos adelante, al menos nos compensará lo que hemos perdido", señala en referencia al IAE que han dejado de ingresar.

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