Ana tiene tres hijos de 14, 11 y 3 años y se quedó sin trabajo por lo que tuvo que dejar un apartamento en el que vivían por el que pagaba 700 euros. Le aprobaron una prestación social de 545 euros pero no encontró ningún piso de alquiler así que decidió hace cinco meses ocupar una vivienda municipal. El Ayuntamiento de Huesca instó un proceso judicial de desahucio que concluyó recientemente por lo que agentes de la Policía Local entregaron el martes la orden de desalojo dándoles un plazo de 48 horas para abandonar el piso que expira este jueves. El alcalde, Luis Felipe, ha defendido la actuación del Consistorio.

El anterior inquilino de esta vivienda le cedió las llaves cuando él se marchó y Ana la ocupó "porque no tenía dónde ir". Y es que estuvo buscando piso de alquiler en las inmobiliarias pero no encontró nada "porque te piden un contrato de trabajo que no tengo". Y en el Ayuntamiento tampoco le dieron una alternativa. Además, carece de soporte. "¿Qué hago entonces? ¿Me quedo en la calle con los tres niños?", se pregunta. Y es que deja claro que estaría dispuesta a pagar un alquiler social. Está inscrita en programas de búsqueda activa de empleo en Cáritas y en Cruz Roja "pero no encuentro nada", lamenta.

Una veintena de personas se han concentrado este miércoles en la plaza de Los Fueros, en el corazón del Casco Histórico, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para mostrar su apoyo a Ana y sus tres hijos y a otra familia que ocupó otra vivienda municipal del mismo edificio y que también tiene ya una orden judicial de desahucio. 

Desde la PAH han querido denunciar "la injusticia que supone, y más en estas fechas en víspera de Reyes, dejar en la calle a dos familias, una de ellas con tres niños". Antonia Piedrafita, portavoz de este colectivo, ha asegurado que el decreto del Gobierno de Aragón prohíbe a las administraciones desahuciar a inquilinos que están dentro de propiedades municipales. Han reconocido que estas dos familias están en una situación irregular por haber ocupado las viviendas, "pero las administraciones tienen en sus manos regularizarlas porque son personas sin recursos que deberían tener prioridad para ocupar estos pisos de titularidad municipal porque, además, no se niegan a pagar un alquiler".

Han hecho hincapié en que estos son solo dos ejemplos del grave problema de vivienda social que hay en Huesca "porque hay muchas más familias en esta misma situación sin alternativa habitacional". Han denunciado también que el actual equipo de gobierno del PSOE cerrara en este mandato la Oficina Municipal de Vivienda "saturando" con ello a los Servicios Sociales. También han reclamado ayudas para rehabilitar pisos que podrían ponerse a disposición de personas vulnerables.

Desde el equipo de gobierno del PSOE han explicado que se trata de dos viviendas municipales que han sido ocupadas "por lo que el Ayuntamiento debe proceder por los cauces legales para revertir la situación con el fin de que puedan ser destinada a atender las necesidades de las personas que lo requieran". Han añadido, además, que los Servicios Sociales municipales son conocedores de la situación de estas dos familias, "con las que trabajan desde hace años para ofrecerles las ayudas que requieren".

El propio alcalde, Luis Felipe, ha insistido en que la vivienda municipal es un recurso social para aquellas familias que tienen dificultades para tener un alojamiento digno, pero lo que no voy a consentir como alcalde es que nadie le pegue una patada en la puerta a una vivienda municipal y se apropie de ella. Los Servicios Sociales tienen que hacer el diagnóstico, la valoración y la propuesta de las ayudas correspondientes para alquiler, para el pago de la luz, para la alimentación...".