La Abogacía del Estado pide rechazar la legitimación de Pro Patrimonium Sijena para recurrir los indultos del ‘procés’

La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que rechace la legitimación de la Asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén en los recursos presentados desde distintas instancias políticas y sociales contra los indultos parciales acordados por el Gobierno a favor de los condenados del 'procés'.

Esta asociación fue creada por el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, después de que la plataforma Sijena Sí diera marcha atrás en sus intenciones de recurrir ante el Tribunal Supremo los indultos otorgados a los líderes del 'procés'. El colectivo consideraba que esa medida no garantizaba la devolución del patrimonio aragonés que continúa en Cataluña y además, iba en contra del "ambiente de conciliación" que pretende fomentar con motivo de la cercana conmemoración del primer centenario de la declaración del cenobio como Monumento Nacional.

La decisión inicial de recurrir los indultos había generado una importante división interna entre los miembros de la plataforma así como la desvinculación definitiva del PSOE. También CHA había manifestado de forma pública su disconformidad con la medida.

En su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Efe, la representación judicial del Estado argumenta que el real decreto de los indultos no afecta a los derechos e intereses de la referida asociación y que sus miembros no pueden considerarse víctimas directas o indirectas de los delito de sedición y de malversación por los que fueron condenados.

Responsabiliza a Pro Sijena y Jerusalén de construir una "delirante teoría conspiratoria en la que el objetivo del proceso independentista había tenido por objeto no tanto la constitución de una república catalana independiente del resto de España, sino asegurar que no era posible la ejecución de una sentencia", en alusión a la resolución judicial que ordenó el retorno a Aragón de las piezas del patrimonio histórico del Monasterio de Sijena.

En respuesta a este escrito, el letrado de la Asociación Pro Sijena, Jorge Español, ha dirigido otro a la misma sala del Supremo encargada de resolver los recursos en el que destaca que aunque la finalidad de los condenados del procés era la constitución de una república catalana, "también pretendían secuestrar el rico patrimonio de Sijena, como preludio de su ansiada independencia".

En este contexto enmarca el letrado el hecho de que dos exconsellers de Cultura sucesivos, Santi Vila y Lluis Puig, se negaran a cumplir, "de forma abierta y rebelde", una sentencia judicial que les advertía de un presunto delito de desobediencia.

Español se refiere en su escrito a dos artículos firmados por dos militantes políticos de la CUP y ERC, Pau Juillá y Joan Biscarri, respectivamente, en que el que no sólo se refieren a Sijena como "paradigma del procés", sino que instan a "cumplir las leyes catalanas antes que las órdenes judiciales contrarias".

Destaca el letrado que Pro Sijena se considera directamente afectada ya que el "desafío" de los indultados a la autoridad de la jueza que ordenó la devolución de los bienes podría volver a repetirse con otra sentencia pendiente de ejecución, la que ordena la devolución de las valiosas pinturas murales del monasterio.

Se trata, añade Español, de "combatir los funestos efectos del procés sobre el patrimonio", en el que también incluye el Archivo de la Corona de Aragón, depositado en Barcelona y enriquecido también con fondos documentales procedentes de Sijena.

Lamenta, por otra parte, la expresión "delirante teoría conspiratoria" empleada por el "abogado gubernamental", que califica de "hiriente, descortés, prepotente y falsa de toda falsedad".

La Asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén dirige su demanda contra los indultos parciales acordados a favor de seis exmiembros del Ejecutivo catalán que consideran implicados en la resistencia planteada a la devolución de los bienes del monasterio y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Esta demanda, dirigida contra los exconsejeros Dolórs Bassa, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquín Forn, Jordi Turull y Josep Rull, así como Cuixart, fue admitida a trámite el pasado mes de octubre por la Sala de lo Contencioso del Supremo.

Fuentes judiciales han comentado a Efe que el presidente de la sección quinta de lo contencioso administrativo del Supremo tiene previsto resolver a lo largo de este mes las alegaciones de la Abogacía del Estado por falta de legitimidad de todos los recurrentes contra los indultos.

Han añadido que el magistrado ha dividido los 63 recursos interpuestos en siete grupos (uno por recurrente), los presentados por el PP, diputados del PP, Ciudadanos, diputados de Ciudadanos, el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, y las asociaciones Convivencia Cívica Catalana y Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén.