DGA y regantes defienden nuevos embalses más allá del horizonte del 2027
Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo concluye que la PAC no favorece el ahorro y el uso sostenible del agua.
El Gobierno de Aragón y los regantes defienden la necesidad de nuevas regulaciones hidráulicas más allá del horizonte marcado por el futuro Plan Hidrológico del Ebro (PHE) 2021-2027. Este documento contempla acabar los embalses de Santolea, Mularroya, Yesa y Almudévar, pero "no son suficientes" y no cubren las expectativas de la Comunidad, según el consejero de Agricultura, Joaquín Olona.
"Necesitamos el compromiso de que en el horizonte del 2027 se acaben las cuatro obras, pero no satisfacen en absoluto nuestras necesidades", señaló Olona, anunciando alegaciones al plan, en periodo de consulta pública hasta finales de diciembre. "No es coherente", dijo. "No se puede cerrar la puerta a futuras regulaciones", como si fuera "una ley de punto final", porque esto bloquearía el desarrollo del regadío, un sector "clave" en Aragón. El PHE incluye 25.000 de las 43.000 hectáreas solicitadas.
Embalses y regadíos son más necesarios en un escenario de cambio climático, con mayor irregularidad hidrológica y para garantizar los caudales ecológicos, según el consejero, y "no resultan incompatibles con los objetivos ambientales".
Olona participó este miércoles en la 23 Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón, celebrada ‘on line’, con la intervención de consejeros y representantes de cuatro comunidades autónomas de la cuenca del Ebro para hablar del futuro plan hidrológico. El presidente de Riegos y de la Federación de Regantes del Ebro, César Trillo, señaló que la página 86 de la memoria del PHE muestra la intención de acabar con las regulaciones, cuando "si algo se ha visto que soluciona el problema de las sequías y de los caudales ecológicos son las obras de regulación. ¿Que tienen un impacto ambiental? De acuerdo, pero contra ese impacto hay un beneficio muy grande". También anunció alegaciones "porque no debemos renunciar a los 4.000 hectómetros cúbicos que van al mar".
En la jornada también intervino la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Dolores Pascual. Garantizó la finalización de las cuatro obras en marcha, pero aclaró que la regulación "es una herramienta no un fin", y las presas construidas en los cauces de los ríos son algo "ya superado", pues existen alternativas "más respetuosas y de menor impacto". "Tenemos que valorar si las soluciones de 1998 son las que en 2027 se ajustan a la realidad", concluyó.
En el centro del debate estuvo además un reciente informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que concluye que la Política Agraria Común (PAC) favorece un consumo de agua mayor y poco eficiente. Su responsable, la luxemburguesa Joëlle Elvinger, intervino a través de un vídeo para explicar que desde 1990 la agricultura lo ha reducido un 28% pero aún así se mantiene "en niveles insostenibles". La PAC, que supone un tercio del presupuesto europeo, no se ajusta a la Directiva Marco del Agua. Un ejemplo es que ayuda a cultivos intensivos, como el arroz, en zonas con estrés hídrico. Por ello, aconseja supeditar las subvenciones "a los requisitos de un uso sostenible".
Olona mostró su total desacuerdo con el informe y lo consideró "preocupante" y "fuera de lugar". Lamentó que se esté conduciendo a la PAC "hacia unos derroteros ambientalistas", sin tener en cuenta su función de reducir la brecha en la renta de los agricultores. En el mismo sentido se pronunció César Trillo, para quien las conclusiones del informe son "totalmente equivocadas". Puso como ejemplo la reducción del consumo derivado de los proyectos de modernización de regadíos, sufragados en parte con ayudas europeas.
