El Gobierno paga la deuda contraída desde 2018 con tres ayuntamientos por el embalse de San Salvador
El Ministerio para la Transición Ecológica abona más de 2 millones de euros por el impuesto que grava esta infraestructura. "Ha sido un roto en nuestras economías", afirma el alcalde de Binaced.
El impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE), un IBI que grava las grandes infraestructuras, como aeropuertos o embalses, supone la principal fuente de ingresos de algunos ayuntamientos. Por eso desde 2018, los de Albalate de Cinca, Binaced y Belver de Cinca están reclamado a la Administración General del Estado el cobro de este tributo por el embalse de San Salvador, ubicado en sus términos municipales. Finalmente, y gracias a la intermediación de la Diputación Provincial de Huesca, se han cobrado esta semana los 2.189.000 euros de la deuda tributaria, correspondiente a tres anualidades, más los intereses de demora.
"En realidad no sabemos muy bien por qué el Ministerio no quería pagar, pero sí teníamos claro que nos correspondía. El dinero ha llegado 3 años después y con intereses, pero en este tiempo la deuda ha supuesto un roto para nuestras economías", lamenta Juan José Latre, el alcalde de Binaced, el municipio más afectado, al que corresponde casi un 90% de la superficie del embalse. En los 7 años que duraron las obras dejaron de cobrar el IBI de las fincas rústicas de las 1.000 hectáreas que iban a quedar inundadas. "Ya nos advirtieron de que mientras duraran las obras, no cobraríamos, pero desde la inauguración nos tenían que pagar el impuesto", aclara.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya confirmó en el 2020 que tenían derecho a percibir el BICE desde 2018, ejercicio en el que empezó a tributar el embalse de San Salvador. Aunque se inauguró en 2015, no fue hasta tres años después cuando estuvo plenamente operativo.
La Diputación ha destacado las gestiones realizadas por su sección de Recaudación y por la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femenbalses), que durante los dos últimos años han mantenido reuniones con responsables del Ministerio para la Transición Ecológica, entre ellos con la Secretaría de Estado, así como con el Ministerio de Agricultura, con el fin de aclarar las dudas existentes sobre a quién correspondía la titularidad del embalse (el Ministerio o la promotora, la empresa pública Acuaes) para afrontar el pago del impuesto.
El embalse de San Salvador ocupa una superficie total de 1.000 hectáreas. La deuda anual del Ministerio con el ayuntamiento de Binaced era de casi 392.000 euros, y prevé ingresar cerca de 1.9 millones de euros, incluido el ejercicio de 2020, los anteriores y los intereses. El resto se distribuye entre los otros dos ayuntamientos, Belver de Cinca (176.000 euros) y Albalate de Cinca (105.105 euros).
Estas cantidades son vitales para sus arcas municipales, y de hecho les había supuesto un enorme quebranto. Precisamente este ha sido el argumento esgrimido por la Diputación de Huesca para que el Ministerio abonase la deuda.
Más de 40 municipios del Alto Aragón cobran el denominado impuesto sobre los Bienes Inmuebles de Características Especiales. Anualmente supone más de 4 millones de euros, una cantidad que se encarga de recaudar por delegación, como la mayoría de los tributos locales, la Diputación de Huesca. Para algunos ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, es su principal fuente de ingresos (en algún caso supone el 80%), y una forma de compensación por las servidumbres que soportan de estas grandes obras.
La fiscalidad de las grandes presas y centrales hidroeléctricas es una reivindicación histórica de los municipios, sobre todo los de la montaña, y motivó hace una década una larga batalla judicial que se saldó a favor de los ayuntamientos reconociéndoles el derecho a cobrar este impuesto.
La consideración de BICE a efectos tributarios afecta a los bienes destinados a la producción de energía eléctrica, de gas y centrales nucleares; a las autopistas, carreteras y túneles de peaje; a los aeropuertos y puertos; y a las presas, saltos de aguas y embalses . En este caso se incluye el lecho de suelo inundado y las infraestructuras, y solo están exentos los destinados exclusivamente a riego.
