La brecha de la financiación local: 187 euros del Estado si vives en un pueblo y más del doble en Zaragoza
Un estudio de la Diputación de Huesca muestra las desigualdades entre pequeños y grandes municipios de Aragón en la participación en los ingresos del Estado. Su presidente denuncia que además tienen menos servicios y "no se pueden permitir como Zaragoza recortes del IAE para que vayan empresas".
Un habitante de Jaca, Almudévar o Fago recibe de media 193,83 euros del Estado. Por contra, a uno de Zaragoza (716.040 habitantes) le corresponden 409,69, más del doble. Esta brecha en la financiación local se pone de manifiesto en un estudio realizado por la Diputación de Huesca sobre la participación en los ingresos del Estado en 2021 en las tres provincias y las tres capitales de la Comunidad autónoma. En el caso de los habitantes de Huesca capital (54.398 habitantes) la media se sitúa en 237,36 euros; y en la ciudad de Teruel (36.240) es muy similar, 236,29. El promedio para los municipios aragoneses, excluidas las capitales, es de 187,45 euros.
El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, ha puesto estas cifras sobre la mesa en la presentación de los presupuestos de 2022 de la institución para denunciar las desigualdades en la financiación local. Gracia ha expresado su enorme preocupación por la enorme desigualdad entre los pequeños pueblos y las ciudades respecto al dinero que llega a las arcas municipales. “Los ayuntamientos pequeños cobramos del Estado la mitad por habitante que la ciudad de Zaragoza, cuando tiene muchos más servicios para sus ciudadanos”. Aparte de la luz, el agua, la banda ancha o la gestión de residuos, pocas prestaciones más disfrutan las localidades con menor población, ha recalcado.
El presidente de la Diputación ha hecho alusión directa al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que "permanentemente" busca financiación para las grandes ciudades. "Lo que hay que arreglar, si creemos en el problema de la despoblación, es la equiparación al menos a lo que cobran las grandes ciudades". Ha añadido que los municipios más modestos "no se pueden permitir, como Zaragoza, recortes en el IAE o en el Impuesto de Construcciones al 95% para que vayan las empresas". "Si jugamos con esta desigualdad, ¿qué podemos ofrecer en nuestro territorio?", se ha preguntado, aludiendo a la posibilidad de beneficiarse de restituciones o ventajas por ser lugares cedentes de energía. "Hay que equiparar a los habitantes del medio rural con los de las grandes ciudades".
La situación se debe en buena medida a su exclusión en el reparto de determinados tributos. La recaudación del IVA, el IRPF, los impuestos a los hidrocarburos, el tabaco o el alcohol o las quinielas llegan solo a los ayuntamientos de más de 75.000 habitantes, las capitales de provincia y las capitales autonómicas.
El estudio de la Diputación analiza la participación por población y esfuerzo fiscal para calcular que los 168.731 habitantes de la provincia de Huesca, descontados los de la capital reciben 32 millones de euros, es decir esos 193,83 euros de media por persona. En el caso del total de los municipios de Aragón, sin las capitales, baja incluso más, a 187 euros. En España, la cifra en las zonas rurales (excluidas capitales y municipios de más de 75.000) es aún más pequeña, 178 euros, pero se dispara a 379 en las áreas urbanas.
El documento analiza también lo que reciben las diputaciones provinciales y lo que le toca a cada habitante de su ámbito territorial. La de Huesca ingresó del Estado 66 millones, por lo que la media por habitante se sitúa en 140 euros; la de Teruel, 52 millones de euros y 388 euros; y la de Zaragoza, 153 millones y 158 euros. En este último caso, sin Zaragoza capital, la media por habitante de la provincia sube a 599 euros.
Miguel Gracia ha hablado asimismo de las alegaciones de la Diputación a la futura Ley aragonesa de Dinamización del Medio Rural. Esta tendrá en cuenta, ha dicho, la discriminación positiva en favor de los pequeños pueblos, pero la institución provincial alegará para que no sea solo en la Comunidad Autónoma sino que todas las administraciones tengan la obligación de realizarla.
Un 12% más de presupuesto para 2022
Precisamente hoy, la Diputación ha presentado su borrador de presupuestos para 2022, que ascenderá a 83’5 millones de euros, un 12% más que este 2021 gracias a que se eliminó el techo de gasto. Sin embargo, la cifra subirá más cuando se incorporen los remanentes y los esperados fondos europeos. El diputado de Hacienda, Fernando Sánchez, prevé una situación similar a este ejercicio, cuando el presupuesto inicial era de 75 millones y con las modificaciones posteriores alcanzó los 120.
Infraestructuras y vías públicas son las partidas a la que más se destina, rozando los 13 millones de euros. “El mantenimiento de carreteras es una prioridad, no podemos permitir poner en riesgo la seguridad de los miles de habitantes del medio rural que cada día utilizan las vías de la red provincial o municipal para desplazarse desde los municipios en los que residen al trabajo, a la compra, en busca de servicios de los que carecen en sus pueblos…” ha añadido Miguel Gracia. Le sigue el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que incrementa su dotación respecto al 2021, alcanzando los 12 millones de euros “para seguir implementando mejoras que permitan continuar con el importante trabajo desarrollado desde su puesta en funcionamiento el pasado 1 de enero”.
Fernando Sánchez ha incidido en que conectividad y vivienda son “dos de los pilares sobre los que se asienta el futuro de nuestro territorio y en los que continuaremos trabajando en 2022”. De hecho, la institución provincial sigue adelante con el Plan de Fomento de la Vivienda, puesto en marcha en 2019 “y que ha permitido a jóvenes de diferentes localidades de la provincia iniciar sus proyectos de vida en el pueblo en el que nacieron con alquileres a bajo precio, uno de los principales problemas a los que se enfrentan a la hora de emanciparse”. La propuesta para 2022 alcanza los 2.350.000 euros entre la línea de préstamos sin intereses y las subvenciones para la compra de solares, ambas destinadas a que los ayuntamientos creen viviendas municipales, rehabiliten edificios antiguos o adapten instalaciones municipales para su arrendamiento.
