La batalla judicial por el embalse de Almudévar acaba finalmente en el Tribunal Supremo
Ecologistas en Acción decide recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló el proyecto, pese a las dificultades de la casación y la condena en costas.
La batalla judicial sobre la legalidad del proyecto del embalse de Almudévar acabará finalmente en el Tribunal Supremo. Ecologistas en Acción ha decidido recurrir en casación la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el pasado mes de septiembre que avaló la tramitación administrativa de la obra. La construcción de las dos presas que conformarán este pantano, con una capacidad de 169 hectómetros cúbicos, está ya muy avanzada, con más del 70% de los trabajos ejecutados.
Los ecologistas han iniciado el procedimiento del recurso de casación con el anuncio del mismo ante la Audiencia Nacional, que ahora deberá trasladarlo al Supremo. Luego tendrán un mes para presentarlo y el alto tribunal deberá decidir si lo admite a trámite o no, una decisión que puede prolongarse hasta principios del 2022.
El pleito se inició en 2017, con la obra aún por comenzar, cuando Ecologistas en Acción recurrió diversos actos administrativos aprobados por el entonces Ministerio de Agricultura para completar la regulación del río Cinca y los riegos del Alto Aragón: el expediente de información pública, el proyecto de construcción y la declaración de impacto ambiental.
El abogado de la organización, Jaime Doreste, ha reconocido la complejidad que plantea la casación. "Las batallas más difíciles son las que merece la pena luchar", ha declarado. Cree que la sentencia de la Audiencia Nacional contiene "errores de bulto", aunque algunos se refieren a la valoración de la prueba, que el tribunal superior no revisará. Uno de los principales argumentos del recurso es el estudio de justificación económica de la obra. Según los recurrentes, no se ha demostrado la recuperación de costes.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó uno a uno los argumentos ecologistas. En primer lugar, consideró "evidente" que el proyecto está "claramente diferenciado" del de Biscarrués y no existe fraccionamiento indebido de la obra. Respecto a los costes de inversión, hizo suyo un informe de 2012, según el cual los regantes acabarán asumiendo el cien por cien de la inversión y también el coste energético a través de la tarifa de utilización de agua, sin carga para la administración.
Con el recurso al Supremo, los demandantes asumen el riesgo de condena en costas. La Audiencia Nacional sentenció que debían pagar los gastos del proceso, en el que hay cinco partes personadas: Ecologistas en Acción como demandantes y el Ministerio para la Transición Ecológica como demandado. Como codemandados, en apoyo de la administración, figuran UAGA, Riegos del Alto Aragón y dos comunidades de futuros regantes (el Sifón de Cardiel y Monegros Sur Sector XIII).
El abogado de UAGA, Pablo Martínez, ha recibido con "sorpresa" la noticia del recurso. "Cuando se dictó la sentencia, dejaron caer (Ecologistas en Acción) su intención de no seguir adelante", recuerda, algo que a su juicio hubiera sido lo acertado, "porque no tienen pruebas objetivas" sobre la ilegalidad del proyecto. "Solo aportaron un informe pericial que no era imparcial". Lo firmaba César González Cebollada, socio no activo de Ecologistas.
En opinión del letrado de la organización agraria, hay pocas posibilidades de que el recurso prospere porque la sentencia está "razonada y justificada, con una fundamentación sólida", y además la obra "socialmente no tiene contestación". Alega por otra parte, que el recurso discute dos cuestiones que no afectan directamente a los ecologistas: los costes del llenado del embalse y el plan de restitución. "Ningún ecologista tendrá que pagar directa o indirectamente el embalse porque lo sufragan íntegramente los regantes", argumenta el abogado de UAGA.
La falta de un plan de restitución territorial ya motivó una sentencia de la Audiencia Nacional, pero los ecologistas han visto en este punto una posibilidad de casación, ya que no hay jurisprudencia del Supremo al respecto. El primer tribunal dictaminó que no quedaba demostrada la "afectación singular" del embalse al municipio, requisito esencial para la elaboración del citado plan en obras de interés general.
