Piden seis años de cárcel a una doctora de Jaca por falsificar recetas para dispensar cócteles de medicamentos a su antojo

Dos pacientes sufrieron efectos adversos por la mezcla de sustancias ansiolíticas y requirieron incluso tratamiento psiquiátrico. Expedía recetas incluso a nombre de personas inventadas.

Imagen de la comisaría de Jaca.
Imagen de la comisaría de Jaca.
Jupol

La Audiencia Provincial de Huesca juzgara el próximo 25 de octubre a una doctora de Jaca de 59 años, M. Z. O., por falsificar presuntamente recetas para adquirir medicamentos que luego manipulaba a su antojo y los dispensaba en una clínica homeopática privada a sus pacientes, dos de las cuales sufrieron reacciones adversas y requirieron tratamiento psiquiátrico.

Según la calificación provisional de la Fiscalía, esta licenciada en Medicina tenía una consulta privada en la calle Mayor de Jaca en la que ejercía como doctora especializada y orientada en medicina alternativa menos invasiva, medicina natural, acupuntura, masajes, estética y flores de bach.

El 26 de julio de 2016, una paciente interpuso una denuncia contra ella en la comisaría de la Policía Nacional tras haber detectado en su organismo sustancias de benzodiacepina (psicotrópicos con efectos sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, anticonvulsivos, amnésicos y miorrelajantes) en un análisis de orina. La investigación policial, los análisis toxicológicos y la instrucción judicial acreditaron, según la Fiscalía, que la acusada "contravenía las reglas más esenciales de la praxis médica"

Y es que entre diciembre de 2014 y agosto de 2016, esta doctora hizo acopio de medicamentos tales como Aneurol, Trankimazin, Celestone, Cronodose, Placinoral, así como otros de análoga naturaleza y carácter ansiolítico, extendiendo un elevado número de recetas en las que se falsificaba, modificaba, alteraba o inventaba el paciente destinatario de las mismas. 

La acusada expidió recetas a nombre de familiares y personas de su entorno, otras conocidas, otras inventadas o que no aparecían registradas en ninguna base de datos, o incluso los propios pacientes de la consulta que desconocían la existencia de esas prescripciones médicas a su nombre.

Una vez que la acusada recibía estos medicamentos, los extraía de su blíster original, manipulaba e introducía en otros recipientes, frascos o botes, cuya composición decidía ella misma. Posteriormente se los entregaba a los pacientes, quienes en la falsa creencia de que se trataba medicina homeopática o natural, ignoraban la naturaleza del medicamento que estaban tomando, su composición, tratamiento, efectos secundarios, precauciones en la ingesta o cualquier otro dato debidamente reseñado y especificado en el prospecto de este tipo de medicamentos, "cuyo suministro está siempre supeditado a la expedición de receta o prescripción médica", recalca la Fiscalía.

Los pacientes ignoraban que estaban tomando sustancias sometidas a control por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios tales como el diazepam, alprazolam o cinarizina, que forman parte del grupo de las benzodiacepinas o de los ansiolíticos, objeto de fiscalización internacional e incluidas en la Lista IV del Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971.

Como consecuencia de estos hechos, la primera denunciante sufrió lesiones que precisaron tratamiento psiquiátrico durante 224 días impeditivos, persistiendo todavía algunas secuelas. Otra paciente también resultó afectada y requirió tratamiento psiquiátrico y psicológico.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de falsedad en documento oficial de carácter continuado; otro contra la salud pública en su modalidad de tráfico ilícito de medicamentos, agravado por la condición de personal sanitario y dispensa en establecimiento abierto al público; y dos más de lesiones por imprudencia

Por la suma de todos ellos pide una condena de seis años de prisión, una pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 8 euros e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo en medicina de 4 años. Además, reclama el pago de de 13.159,57 euros a la primera denunciante (1.511,57 euros por las secuelas y 11.648 euros por la incapacidad temporal); y de 780 para la segunda afectada.

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