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El Ayuntamiento de Huesca pide 800.000 euros a Apudepa como garantía en el contencioso del Seminario

Reclama esta cantidad como fianza ante la posible pérdida de la subvención europea solicitada para acometer el proyecto urbanístico del edificio, cuyos derribos están paralizados como medida cautelar. 

Fachada principal del antiguo Seminario de Huesca, hacia la plaza Universidad.
Fachada principal del antiguo Seminario de Huesca, hacia la plaza Universidad.
Rafael Gobantes

El Ayuntamiento de Huesca reclama a Apudepa una cantidad igual o superior a 800.000 euros como garantía por la posible pérdida de la subvención europea solicitada para acometer el proyecto urbanístico del antiguo Seminario. Este dinero se solicita tras el auto de medidas cautelares  dictado por el juez suspendiendo las demoliciones previstas en el edificio. En concreto, en los patios de los siglos XVI y XIX cuya protección ha solicitado la Asociación para la Protección del Patrimonio Aragonés y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca. Ambas entidades consideran que esta reclamación es "una medida desproporcionada que ataca los principios democráticos más elementales de participación ciudadana y equidad".

En el auto de medidas cautelares que suspende los derribos y que estará vigente hasta que que haya sentencia definitiva, el juez no señaló cantidad alguna en concepto de fianza, pero el Ayuntamiento ha recurrido esta decisión. El titular del Juzgado nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Huesca deberá pronunciarse sobre la solicitud del Ayuntamiento, que argumenta que dicha petición se basa en "los perjuicios que conlleva esta cautelar, cuando el proyecto cumple con todos los informes de las administraciones implicadas en esta obra", ha señalado la concejala de Urbanismo María Rodrigo.

Para Belén Boloqui, presidenta de Apudepa, exigir un depósito igual o superior a 800.000 euros como garantía de resarcimiento por la posible pérdida de una subvención "que ni siquiera ha sido estudiada en los organismos competentes es "una medida desproporcionada que ataca los principios democráticos más elementales de participación ciudadana". 

Rodrigo explica que esta cantidad se pide al amparo del artículo 133 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, donde se recoge que "cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrán acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios". "Igualmente podrá exigirse la presentación de caución o garantía suficiente para responder de aquéllos", añade el texto normativo. Según la concejala, esta suspensión  conllevará la pérdida de fondos europeos para financiar dicha actuación y la necesidad de hacer un nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Universidad de Zaragoza y la Diputación Provincial de Huesca. "Estamos hablando de ocho millones de euros y el aval que se pide es un 10% de esta cantidad", apunta la edil. 

María Rodrigo insiste en que en la intervención planteada en el Seminario "no hay nada raro". "No se trata de una especulación urbanística, ya que lo que se proyecta instalar ahí es el fondo documental del IEA (Instituto de Estudios Altoaragoneses), una biblioteca dedicada a la investigación y el vicerrectorado del campus de  Huesca, recuperando ese espacio para la ciudad.  "Además, señala, los derribos previsto se realizarán a mano y con supervisión técnica porque si se encuentra algo se intentará recuperar", añade.  

"La gestión de Luis Felipe con el Seminario –asegura Juan Faci, presidente del Colectivo Ciudadano, entidad integrada en la Plataforma– es desastrosa desde el primer momento". "La cantidad fijada como responsabilidad civil es el claro ejemplo de una actitud autoritaria y soberbia que en lugar de buscar espacios de negociación y acuerdo quiere aplastar la opinión crítica  y perjudica seriamente la imagen cultural y turística de Huesca", apostilla. 

Violeta Gracia, presidenta de la Asociación de Vecinos Osce Biella del Casco Antiguo, señala que el Ayuntamiento no ha podido refutar los argumentos de la Plataforma contra el derribo previsto. "El alcalde sabe que en la Plataforma han elaborado informes especialistas en arquitectura, arqueología, historia del arte, urbanismo… documentos que defienden la integridad del conjunto patrimonial con rigor y autoridad científica". 

Javier Moreno, presidente de la Federación de Barrios Osca XXI, manifiesta que le "entristece el órdago judicial" que plantea el Ayuntamiento en su demanda. 

La Plataforma para la Conservación del Patrimonio manifiesta que ha reiterado al alcalde por escrito la solicitud de cierre de ventanas, limpieza de patios y desratización del Seminario, "para cumplir con la obligación de mantenimiento, salubridad y calidad ambiental de un edificio de propiedad municipal, tal como determinan las leyes urbanísticas vigentes".

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