"La sentencia de Almudévar demuestra que en Aragón se pueden seguir haciendo embalses y regadíos"
Los regantes aplauden el fallo de la Audiencia Nacional, "la última piedra en el camino para concluir la obra", mientras los ecologistas, que tendrán que pagar las costas del proceso, ven "muy difícil" el recurso al Supremo, sin renunciar a ello.
La sentencia de la Audiencia Nacional que avala la legalidad del embalse de Almudévar al rechazar el recurso de Ecologistas en Acción, hecha pública este miércoles, ha supuesto un espaldarazo para una de las obras más importantes del Pacto del Agua de Aragón, sobre todo tras los reveses judiciales contra los proyectos de Biscarrués y Mularroya. En palabras del abogado del sindicato UAGA, Pablo Martínez, una de las partes personadas en el proceso, demuestra que en la Comunidad "se pueden seguir haciendo embalses y regadíos".
Los regantes están de enhorabuena. "Era la última piedra en el camino", ha valorado César Trillo, presidente de Riegos del Alto Aragón, comunidad beneficiaria del embalse y que tuvo que renunciar a la construcción de Biscarrués, después de que el Tribunal Supremo fallara en contra de este proyecto. Aunque hay posibilidad de recurrir en casación en el plazo de 30 días, según Trillo "nuestros juristas dicen que hay pocas posibilidades de que se admita a trámite". Destacó además la condena en costas a Ecologistas en Acción. "Ya es hora de que estas zancadillas les empiecen a costar algo", ha añadido.
Riegos del Alto Aragón ha sido parte en el proceso judicial iniciado en 2017 a raíz de un recurso de Ecologistas en Acción contra la aprobación, por parte del entonces Ministerio de Agricultura, del expediente de información pública, el proyecto y la declaración de impacto ambiental. El fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo respalda los estudios de viabilidad económica y técnica de la obra y considera que se cumplen los requisitos de recuperación de costes y no se afecta a las masas de agua. En apoyo del Ministerio, principal demandado, han actuado además como codemandados Riegos del Alto Aragón, el sindicato UAGA y dos comunidades de regantes (Sifón de Cardiel y Monegros Sur sector XIII).
"La sentencia es clara y contundente en todos los puntos", según Trillo, quien respira aliviado porque "ahora la obra ya se puede terminar con la satisfacción de que es un proyecto cien por cien amparado por la ley, se ha demostrado que se hizo bien". Supone, a su juicio, "un espaldarazo a la propia administración y a las obras de regulación", sobre todo tras el descarte de Biscarrués, "que nos dejó destrozados y desanimados".
El presidente de Riegos confiaba en un pronunciamiento favorable a sus intereses, "pero nunca se sabe". "Con el 70% de la obra hecha, suponía una inseguridad, pensando además que cuando llegara la sentencia del Supremo ya estaría terminada".
En este sentido, el abogado de UAGA explica que un fallo en contra hubiera sido "muy difícil de ejecutar". Pablo Martínez destaca el respaldo "al trabajo bien hecho" en la tramitación administrativa del proyecto, por parte "de los regantes y de la Confederación Hidrográfica del Ebro". "UAGA amparó una solución pensando que había otra forma de hacer las obras hidráulicas", ha dicho en referencia a que Almudévar es una balsa lateral, fuera del río, que no inunda poblaciones ni cauces.
La ausencia de afecciones directas a las masas de agua también ha sido destacada por el abogado Álvaro Enrech, representante de las dos comunidades de regantes de Monegros II, quien justifica que Riegos del Alto Aragón necesita reservas para consolidar su mancha verde. Uno de los aspectos cuestionados por los ecologistas era que no se respetaba el principio legal de recuperación de costes y que los beneficiarios solo iban a pagar el 50% de la obra. Según Enrech, el fallo desmonta este argumento. "De acuerdo con la Ley de 1915, los regantes pagarán en 99 años todo el coste de la obra". Asegura además que la Audiencia Nacional ha respaldado los informes periciales presentados por la parte demandada frente a los de los recurrentes.
Los ecologistas tendrán que pagar las costas judiciales
La organización Ecologistas en Acción no solo ha visto como se echaba atrás su recurso sino que ha sido condenada en costas. Tendrá que pagar el coste judicial de las cinco partes personadas, el demandado y los codemandados. Todavía no ha decidido si presentará un recurso ante el Supremo, ya que tiene hasta mediados de octubre para hacerlo. "Lo tenemos que valorar", ha informado su abogado, Jaime Doreste, pero reconoce que "tiene que estar muy motivado" y el 80% se inadmiten desde la reforma legal del 2015.
Le llama la atención los cuatro meses transcurridos desde que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo celebró la votación, el 20 de abril, y la publicación del fallo. En muchos aspecto, es "contradictoria", opina el letrado de los ecologistas, en referencia a los argumentos de la sentencia sobre que Almudévar no forma una unidad con el descartado embalse de Biscarrués, porque "la propia administración lo consideraba así", o a la ausencia de un plan de restitución territorial, "cuando el perjuicio está claro al inundar más de 1.000 hectáreas". Tampoco está de acuerdo en la recuperación de costes, ya que sigue manteniendo que los regantes "solo pagarán el 50%" de la obra.
Todavía no existe un cálculo de cuánto dinero supondrá para Ecologistas en Acción asumir las costas legales, pero serán como mínimo 4.000 euros por cada una de las cinco partes personadas, según el abogado, y está por decidir, dice, quién se hará cargo del importe de los informes periciales encargados. "Hay mecanismos de solidaridad entre los grupos ecologistas para afrontar esta cuestión", ha señalado. "Ya alertamos de que las condenas en costar podían tener una finalidad disuasoria, pero esto no nos debe amilanar", ha concluido Doreste.
