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La Audiencia Nacional avala la legalidad del embalse de Almudévar

El tribunal ha desestimado el recurso presentado hace cuatro años por Ecologistas en Acción contra el proyecto y la declaración de impacto ambiental. Las obras ya están ejecutadas al 70%.

En la imagen aérea la presa de 4 kilómetros de longitud, una de las que cerrará el embalse.
En la imagen aérea la presa de 4 kilómetros de longitud, una de las que cerrará el embalse.
Confederación Hidrográfica del Ebro

Los regantes de Monegros ya pueden respirar aliviados. La Audiencia Nacional acaba de dar su aval al proyecto del embalse de Almudévar, cuyas obras están ya muy avanzadas (superan el 70% de ejecución). En una sentencia notificada este miércoles, el tribunal desestima el recurso presentado por Ecologistas en Acción en 2017 contra diversos actos administrativos aprobados por el entonces Ministerio de Agricultura para completar la regulación del río Cinca y los riegos del Alto Aragón: el expediente de información pública, el proyecto de construcción y la declaración de impacto ambiental. 

La sentencia supone un espaldarazo a una de las obras más importantes del Pacto del agua en Aragón (de 169,71 hectómetros cúbicos de capacidad y 102 millones de euros de presupuesto), tras el varapalo judicial al embalse de Mularroya.  

Este es el segundo pronunciamiento de la Audiencia Nacional a favor del embalse de Almudévar, ya que en noviembre de 2020 desestimó el recurso del Ayuntamiento que reclamaba un plan de restitución para compensar las afecciones. Se llevaba esperando   desde que el 20 de abril cuando la Audiencia se reunió para resolver el recurso de Ecologistas. En el proceso también estaban personados el sindicato agrario UAGA, Riegos del Alto Aragón y dos comunidades de futuros regantes (el Sifón de Cardiel y Monegros Sur Sector XIII), que han celebrado el fallo. 

Los ecologistas fundamentaban su recurso en la inclusión del embalse en un proyecto mayor denominado Biscarrués-Almudévar, por lo que debieron evaluarse ambientalmente y tramitarse de forma conjunta; la falta de justificación de su viabilidad económica, cuando el coste será muy elevado al tener que llenarse mediante bombeo y no por embalse de las aguas; y la inviabilidad técnica, ya que al tratarse de una enorme balsa artificial que no se nutre de aguas corrientes de un río será muy difícil su llenado. También reprochaba la ausencia de un proyecto de restitución territorial y que los regantes solo iban a pagar el 50% del presupuesto de las obras. 

La sentencia desmonta uno a uno estos argumentos. En primer lugar, cree "evidente" que el proyecto de construcción ha tenido una tramitación, evaluación y aprobación "claramente diferenciada" de Biscarrués y no existe fraccionamiento indebido de la obra. "La Declaración de Impacto Ambiental ha llevado a cabo un completo análisis de alternativas, tal y como legalmente se exige, incluida la posibilidad de que el embalse de Biscarrués no se construyera, por lo que no es tan esencial indisoluble ni inseparable un embalse respecto del otro", dicen los jueces.   

Respecto a los costes de inversión, apunta a un informe de 2012, según el cual los regantes no pagan solo el 50% sino que la recuperación final prevista "muestra equiparación entre gastos e inversiones". Los usuarios asumen además íntegramente el coste energético a través de la tarifa de utilización de agua, sin carga para la administración. 

La sentencia también respalda la viabilidad técnica. Considera que el embalse se podrá llenar, según los estudios existentes, no solo de enero a marzo, como mantenían los ecologistas. En cuanto al proyecto de restitución, recuerda que esta cuestión ya fue analizada en la anterior sentencia por el recurso del Ayuntamiento.     

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