El juez frena los derribos en el Seminario de Huesca como medida cautelar
Estima la petición de las asociaciones patrimonialistas mientras se resuelve la demanda presentada por estas para lograr que todo el conjunto cuente con protección y se mantenga en su integridad.
El titular del Juzgado Contencioso Administrativo n.º 1 de Huesca ha dictado la adopción de medidas cautelares para los derribos previsto en varios edificios del antiguo Seminario de la capital oscense y ha paralizado cualquier intervención urbanística en el conjunto, situado el centro histórico de la ciudad, hasta que haya sentencia firme sobre la demanda interpuesta por Apudepa y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca.
La Asociación para la Protección del Patrimonio Aragón y el colectivo ciudadano oscense acudieron al Contencioso para conseguir que se anule el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Huesca del 2 de marzo de 2021 que rechazó declarar Bien de Interés Local los inmuebles del Seminario que configuran los patios interiores de los siglos XVI y XIX, como pedía la Plataforma. Esta negativa a la protección demandada, refrendada en el pleno del 3 de agosto al desestimar el recurso de reposición con los votos favorables de PSOE, Cs y Vox y la abstención de PP y Con Huesca-Podemos-Equo, determinó a las entidades patrimonialistas la solicitud de intervención y protección judicial.
Estaba previsto que los derribos de dichos edificios comenzasen este verano, como primera fase del macroproyecto que avalan el Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Huesca y la Universidad de Zaragoza para dar nuevos usos a este emblemático espacio, que lleva más de 20 años cerrado. Las demoliciones planeadas cuentan con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio, que reconoce que el deterioro es "muy alto" y que se han apreciado varios colapsos estructurales. No obstante, establecía prescripciones para llevarlas a cabo, ya que estaba contemplada la posibilidad de que durante los trabajos se descubriesen restos arqueológicos.
La concejala de Urbanismo, María Rodrigo, ha señalado que el Ayuntamiento siempre ha mostrado el máximo respeto por las decisiones judiciales y que la adopción de medidas cautelares "no ha sido una sorpresa". "Era algo que esperábamos y por eso decidimos ser prudentes y paralizar el expediente de los derribos hasta que el juez dictamine sobre la cuestión de fondo", ha explicado. Asimismo, ha señalado que el proyecto para "revitalizar este espacio emblemático de la ciudad" quiere acometerse con "las máximas garantías técnicas y jurídicas". En principio, no está previsto recurrir las cautelares.
Para Apudepa y la Plataforma, la decisión judicial "alivia temporalmente" la preocupación ante los planes de derribo de estancias "fundamentales" en el inmueble. "Confiamos en que prevalecerá el Derecho y que las vigentes leyes de patrimonio servirán para proteger un conjunto histórico inexplicablemente amenazado por un equipo de gobierno municipal contumaz en el error y empecinado en no escuchar la voz de las asociaciones y entidades culturales", añaden.
La Plataforma en Defensa del Patrimonio de Huesca mostró desde el principio su oposición a los derribos, al considerar que todo el conjunto del Seminario debe mantenerse en su integridad. En estos momentos están protegidas la iglesia de Santa Cruz, del siglo XI y declarada BIC; las fachadas adyacentes a las plazas General Alsina y Universidad así como las paredes del segundo patio porticado; y la zona de prevención arqueológica. Lo que quedara tras las demoliciones se convertirá en vicerrectorado, biblioteca científica y aula magna; sede la biblioteca del Instituto de Estudios Altoaragoneses y salas para formación. Además, habrá jardines y un mirador hacia la sierra.
El auto judicial recoge los argumentos de los demandantes en el sentido de que "debería adoptarse la medida cautelar de suspensión de cualquier actuación sobre el Seminario puesto que en caso contrario devendría en imposible el cumplimiento de una sentencia que reconociera la protección del mismo". Además, el juez señala que, "la propia medida en concreto no implicará un menoscabo en la política urbanística municipal inmediata dado que el propio Ayuntamiento expone que no tiene prevista actuación alguna a corto plazo".
