El comité de Huesca de Sarga critica la "persecución" de los representantes de los APN hacia las cuadrillas antiincendios

Advierte de que denunciará cualquier injerencia en cuestiones organizativas y de gestión del operativo forestal "que se asigna a la empresa pública".

Las cuadrillas forestales del Gobierno de Aragón combaten el fuego sobre el terreno. Actualmente hay 8 cuadrillas helitransportadas y 62 terrestres (5 de ellas, dobles).
Foto de archivo de una cuadrilla forestal.
Guillermo Mestre

El comité de Huesca de Sarga ha denunciado la "persecución" de los representantes de los agentes de protección de la naturaleza hacia los trabajadores del operativo de incendios "con declaraciones tan desafortunadas y humanamente cuestionables como señalar que se privilegia a personas cuyos trabajos a duras penas les permiten mantener a sus familias".

La presidenta del comité, Teresa Lapuente, recuerda que en los últimos años los miembros de este operativo "han trabajado entre 8 y 10 meses según los presupuestos", no saben cuando empiezan a trabajar ni cuando acaban, y realizan guardias en las que les pueden llamar a las 3 de la mañana o a cualquier hora por unos 5 euros". Y destaca que en puestos como las torres de vigilancia "aún es más desolador" porque trabajan en su mayoría tres meses. "A buen seguro cualquier trabajador del operativo de Incendios de Sarga cambiaría su situación laboral con la de los APNs con los ojos cerrados", afirma.

Respecto a la reciente polémica generada por la Orden del consejero Joaquín Olona por la cual revoca una instrucción del director general Diego Bayona sobre las condiciones de trabajo de las cuadrillas de extención de incendios, desde el comité de Huesca recalcan que aunque están de acuerdo en la intención de la instrucción, "en la orden del consejero se recogen aspectos jurídicos que desde hace tiempo se venían reclamando al Gobierno de Aragón". 

En este sentido, valoran que Olona señala que las competencias recogidas en la instrucción revocada corresponde a Sarga y no a la Dirección General, "lo que implica que funciones de este tipo tampoco pueden ser realizadas a través de los APNs (personal Administrativo) como venía sucediendo". "Es algo que se lleva denunciando desde hace tiempo sin que hasta el momento la empresa haya asumido de manera efectiva sus obligaciones con los trabajadores", subrayan desde el comité. 

Y recuerdan al respecto que la Secretaría General Técnica también señala en su informe que “existe el riesgo de que la sustitución del poder de dirección de la empresa por instrucciones de la Administración de la que es medio propio se llegue a entender como supuesto de cesión ilegal de mano de obra”.

Por ello, desde el comité de Sarga advierten de que denunciarán cualquier injerencia de los agentes de protección de la naturaleza en cuestiones “organizativas y de gestión del operativo forestal que se asigna a la empresa pública”. "Entendemos por tanto, que la relación y órdenes de los APNs con los trabajadores del Operativo de Incendios de Sarga han de circunscribirse exclusivamente a los incendios forestales como agentes de la autoridad y directores de extinción según el caso", resumen.

Teresa Lapuente espera que la Dirección General y la Consejería entiendan que los más perjudicados por este tipo de disputas son los ciudadanos y reconduzcan la situación. "El conflicto está sacando de la discusión los problemas reales a los que se enfrentan un medio ambiente y unas zonas rurales que no se pueden permitir que el Operativo de Incendios continúe funcionando como hasta ahora, con trabajos precarios y sin afrontar graves problemas para el territorio como son los perímetros de los pueblos, la ganadería extensiva, el cambio climático, los incendios de sexta generación,... Resulta urgente seguir el camino abierto por iniciativas del territorio como la Mesa Pirenaica", señala.

Así, Teresa Lapuente espera que "los ánimos se calmen y que todo el mundo sea lo suficientemente responsable y dialogante, viendo positivo que algunos presidentes de comarcas de Teruel quieran reunirse con el consejero, aunque cree que lo más constructivo sería reunirse también con el Director General para acercar a ambos sus propuestas. 

La presidenta espera que de darse la reunión esta arroje luz a diversas cuestiones, que se traten problemas de los trabajadores como la conciliación familiar si se cambian los puntos de encuentro, que no tengan que desnudarse en medio de plaza de un pueblo después de venir de un incendio -"un problema mayor aún para las mujeres", denuncian-, o la estabilidad de estos puestos de trabajo en meses de contratación dentro de un territorio despoblado y con pocas posibilidades de empleo. 

También espera que miren en sus propuestas a las necesidades del territorio y a la preocupación de los técnicos de la DGA sobre la posibilidad de que se dé un incendio de sexta generación. "Si miramos la Orden DRS/1521/2017, vemos las zonas de alto riesgo de incendios en medio de las cuales hay numerosos pueblos, y observamos como está el monte y los perímetros de estos pueblos, es para estar realmente preocupados. A todas luces un cambio de modelo es imprescindible y los alcaldes son los primeros interesados, ya que les afecta incluso de manera personal", apunta. 

Teresa Lapuente advierte de que los ánimos dentro de los trabajadores del operativo de incendios de Sarga están "caldeados", pero espera que poco a poco se vaya reconduciendo todo hacia lugares de trabajo común en el que el interés de los ciudadanos tenga cabida. Y critica que "declaraciones como las de algún alcalde que sitúa la importancia de los trabajadores del operativo de incendios de SARGA en que 'son familias que contribuyen a sostener el bar y la tienda0, tratándolos como si fueran turistas de paso en lugar de como vecinos que trabajan y viven en la localidad, no ayudan demasiado".

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