Huesca
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El centro de la UNED Barbastro deja de ser Fundación para ser Consorcio

María José Grande tomó posesión como nueva concejal del PSOE en sustitución de Antonio Cosculluela.

María José Grande con el alcalde Fernando Torres.
María José Grande con el alcalde Fernando Torres.
José Luis Pano

El centro asociado de la UNED de Barbastro ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento a la propuesta de convertir la Fundación Ramón J. Sender en un Consorcio. Un cambio de forma jurídica acorde a la mayoría de todos los centros asociados que operan en España vinculados con la Universidad Nacional a Distancia. 

En esencia nada cambia, pero sí hay cuestiones de calado de fondo que han obligado a este cambio y ha sido el que la sede central de la UNED siga considerando a Barbastro como “medio propio” y así poder mantener los contratos con el centro barbastrense para el desarrollo de aplicaciones informáticas. De no darse este cambio, la ley exigía la concurrencia pública en las ofertas de la UNED. 

Los informes de la Abogacía del Estado aconsejaban este cambio y tras ser aceptado por la central de la UNED y la Diputación Provincial de Huesca, le tocaba el turno al Ayuntamiento dar el apoyo al mismo. Queda la rubrica de la Consejería de Universidad del Gobierno de Aragón. Todas estas entidades son patronos de la citada fundación y ahora serán miembros del nuevo Consorcio. En las negociaciones el Ayuntamiento ha perdido dos representantes, pasando de 3 que tenía en la Fundación a 1 que tendrá en el Consorcio (el alcalde). Mejor parado ha salido la Diputación Provincial de Huesca que tendrá dos representantes y ostentará la vicepresidencia de la nueva figura jurídica.

Este asunto ya debió aprobarse en el anterior pleno, pero hubo dudas por parte de los técnicos municipales sobre las condiciones del nuevo convenio de colaboración, disipadas en un encuentro en Madrid en la UNED.

El de la UNED fue uno de los asuntos más destacados de un pleno en el que tomó posesión como nueva concejala la socialista María José Grande en sustitución del dimitido Antonio Cosculluela. Enfermera de profesión, regresa al Ayuntamiento tras haber sido la responsable de Servicios Sociales en el anterior mandato.

En sus palabras agradeció la bienvenida que le brindaron el resto de concejales y manifestó el compromiso “personal y el de mi grupo, el grupo socialista de Barbastro, en seguir trabajando, construyendo y desde luego siempre sumando. Nuestra forma de hacer política no la cambia el hecho de estar en el equipo de gobierno o en la oposición. Desde el lugar en que los ciudadanos libremente nos sitúen seguiremos trabajando con lealtad”.

En el pleno también se aprobó la adhesión al convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales y la FAMCP para la concesión de ayudas a la hostelería y restauración.

El pleno aprobó la Cuenta General 2020, y también varias modificaciones de crédito. Es el caso de la 21/2021 por importe de 45.720,74 euros, con 20.000 euros destinados a la Biblioteca Municipal ‘Hermanos Argensola’ y 25.000 a la Escuela Municipal de Música, que se aprobó por mayoría. Por unanimidad se dio luz verde a la modificación 22/2021 por valor de 18.259,84 euros para equipamiento y material para la Policía Local. Y por mayoría recibió luz verde la modificación 23/2021 del presupuesto general, por crédito extraordinario en el del Patronato Municipal de Deportes de Barbastro, por importe de 508.250 euros, en los que se incluyen 500.000 euros para inversiones y obras de reposición en el polideportivo Ángel Orús.

Además se aprobaron las dos mociones presentadas al pleno por los grupos municipales: la relativa al apoyo a la Vía Verde presentada por el Grupo Municipal Socialista, y la relativa a medidas contra la despoblación que había presentado el Grupo Municipal del Partido Aragonés. La relativa a la vía verde fue la más polémica del pleno y generó un bronco debate en el que hubo un cruce de acusaciones entre el alcalde Fernando Torres y los portavoces del PSOE, Daniel Gracia, y del PAR, María Morera, sobre unos informes que no se entregaron en tiempo al INAGA y que podrían condicionar el desarrollo del proyecto, hipótesis desechada por la concejal de Servicios, Raquel Salas.

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