Una treintena de afectados se une contra la moratoria fotovoltaica aprobada en Fraga
Defienden que la instalación de las placas solares es "compatible" con el desarrollo de los nuevos regadíos y además puede abaratar el coste de la energía eléctrica.
Un grupo de unos 30 propietarios de terrenos recurrirá la moratoria que el Ayuntamiento de Fraga ha aprobado con el fin de poner coto a la proliferación de instalaciones fotovoltaicas. La medida suspende la concesión de nuevas licencias durante un año, con el fin de aprovechar este tiempo para redactar una nueva ordenanza municipal que permita regularizar este tipo de instalaciones y compatibilizar su existencia con el respeto a las actividades agroganaderas así como al cuidado del entorno natural.
Los afectados hablan de "un perjuicio económico directo", al ver peligrar el avance y ejecución de los proyectos previstos sobre sus tierras. Algunos todavía en una fase muy inicial y otros, más avanzados. El colectivo, que ya cuenta con asesoramiento legal, tiene previsto interponer un recurso de reposición contra la moratoria aprobada y ya ha solicitado una reunión con la alcaldesa de Fraga, Carmen Costa.
La suspensión cautelar fue aprobada en pleno a finales del pasado mes de mayo con el voto a favor del equipo de gobierno (PP), Compromiso por Fraga y Podemos. El PSOE y Ciudadanos optaron por abstenerse. Durante la sesión, la primera edil explicó que el consistorio ha recibido hasta una docena de proyectos para la instalación de placas solares en unas 1.200 hectáreas de terreno. Todas ellas superficies de secano, pero cercanas a suelos que están en proceso de transformación, entre ellos los incluidos en los regadíos social de Les Puntes.
Para los afectados, la instalación de los proyectos fotovoltaicos es "compatible" con el desarrollo de los nuevos regadíos y además, recuerdan que el uso de energías renovables puede llegar a favorecer la viabilidad económica de aquellas transformaciones que precisan del bombeo de agua. "El ahorro del coste energético puede llegar a ser de un 40%", precisan. Asimismo, consideran que la moratoria "perjudica a todas aquellas empresas agrícolas que deseen instalar o hacer proyectos experimentales de fotovoltaica". Y es que, tal y como plantean, afecta a cualquier iniciativa, sin diferenciar tamaño, potencia o lugar.
El Ayuntamiento de Fraga no es el único que ha puesto freno a este tipo de instalaciones. También se han promovido medidas similares en Jaca o Sabiñánigo, aunque excluyendo a las de menor tamaño.
