Los ayuntamientos y comarcas del Pirineo aragonés, a través de su asociación, Adelpa, han solicitado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que retire el procedimiento de aprobación de la orden por la que se pretende incluir al lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, y que antes de reformar el estatus de cualquier gran carnívoro se cree una mesa de diálogo entre los sectores afectados, científicos y administraciones autonómicas y locales con objeto de generar un amplio consenso. Este debería ser el paso previo, señala, ante la nueva estrategia de conservación y gestión del lobo, con medidas de conservación de la especie pero también de "protección de las personas que viven en el medio rural y la viabilidad de la ganadería extensiva y semi-extensiva".

Adelpa ha presentado alegaciones a la citada orden de protección especial, actualmente en el trámite de información pública, en las que recuerda que con las actuales medidas la población de lobos ya lleva varias décadas creciendo. 

El primer paso debería ser "un estudio riguroso sobre la presencia del animal" y su distribución en España. En el caso de Aragón, la administración autonómica hasta ahora solo ha dado a conocer la existencia de dos ejemplares, uno en los Monegros y otro en la Ribagorza. El primero tiene un considerable historial de ataques a rebaños, pero no consta ninguno en el caso del segundo. Sin embargo, dada la expansión en territorios vecinos, se crece que no serán los únicos.

El segundo paso sería tener en cuenta a los sectores afectados, porque "no es posible tener éxito en el objetivo de mejorar la biodiversidad de nuestro país, si no es de la mano de las personas que viven y trabajan en los montes y de las administraciones locales y autonómicas que gestionan más directamente el territorio". Además, Adelpa cree imprescindible que sean compensados los perjuicios ocasionados, tanto por las restricciones que afectan a los bienes particulares como a las cabañas ganaderas.

Si el lobo es un elemento importante para garantizar la biodiversidad, también lo es la ganadería extensiva. Por ello, el tercer punto de las alegaciones pasa por la valoración de las consecuencias que tiene la pérdida de este sector en las zonas de montaña, un declive "agravado por la presencia de los grandes carnívoros". "La protección de una determinada especie no puede suponer la desaparición de los grandes herbívoros de nuestros ecosistemas, porque ello supone una pérdida todavía más grave de biodiversidad en unos entornos adaptados a los herbívoros domésticos desde hace miles de años".

Según Adelpa, es necesario también garantizar "la seguridad física de las personas que viven y visitan los entornos rurales y de los animales domésticos", además del  mantenimiento de las actividades económicas que sustentan la población humana en las zonas de montaña, cuestiones que se pueden ver alteradas por la presencia del lobo.

La legislación de la Unión Europea, recuerdan ayuntamientos y comarcas pirenaicos, establece una protección especial para el lobo, pero al mismo tiempo permite aprobar medidas de gestión en las zonas con mayor presencia del depredador, en el caso de España al norte del Duero, para evitar daños graves al ganado y en beneficio de la seguridad pública o por razones imperativas de interés público, incluidas las socioeconómicas.

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