La rebelión contra las placas solares de un valle castigado por los pantanos: "Otra vez nos toca sacrificarnos"
El valle de La Fueva se moviliza para evitar la construcción de tres macroparques fotovoltaicos, pero la contestación social "en ningún caso nos va a hacer renunciar", dicen los promotores.
Energías renovables, sí, pero no a cualquier precio. El desembarco de varias compañías para preparar el terreno a tres macroparques fotovoltaicos en el valle de La Fueva (comarca del Sobrarbe), ocupando una franja continua de más de 400 hectáreas, ha resucitado viejos fantasmas en un territorio acostumbrado a soportar las servidumbres de la producción de energía eléctrica. "Otra vez nos toca a nosotros sacrificarnos", lamenta Begoña Dorado, alcaldesa de Palo, uno de los municipios afectados, junto al de La Fueva.
"El agua ya nos ahogó, que el sol no nos queme", comentan, por su parte, los jóvenes movilizados estos días mientras colocan pancartas en esta zona situada a orillas del embalse de Mediano con el lema "La Fueva no se vende". La protesta se expresó el pasado fin de semana con una curiosa convocatoria: casi 40 tractores dibujaron en el suelo las palabras "Placas, no", una acción reivindicativa grabada desde un dron y con la banda sonora de una canción adaptada de José Antonio Labordeta.
Pese a la fuerte contestación social, los inversores descartan dar un paso atrás, aunque sí están estudiando redimensionar el proyecto para reducir su impacto. "En ningún caso nos va a hacer renunciar al proyecto", señalan desde la consultora de ingeniería Efelec Energy, que realiza los trámites y el desarrollo para tres clientes, cuyos nombres no quiere revelar de momento. Se limita a decir que son una española, una alemana y una italiana.
La proliferación de proyectos de renovables no podía dejar al margen este territorio. La cercanía de la línea de evacuación de energía de la central hidroeléctrica de Mediano es un imán para las promotoras. El valle sabía desde hace casi un año que había un plan en marcha, pero es ahora cuando las empresas han comenzado a captar a los primeros arrendatarios de tierras. La Fueva no es Fuenteovejuna. Con 600 censados repartidos por más de 20 pueblos, algunos ya han rubricado el acuerdo, un contrato de alquiler para tres décadas, a 1.100 euros por hectárea y año.
La historia se remonta a julio de 2020. Recién finalizado el estado de alarma, una empresa convocó a los vecinos a una reunión. "Aquel encuentro ya fue tenso porque no acababan de concretar las respuestas a nuestras preguntas", comenta el concejal socialista de La Fueva Carlos Espluga. Casi estaba olvidado, pero hace dos semanas empezaron a llamar a propietarios de tierras para ver si querían firmar contratos de arrendamiento, al tiempo que daban el primer paso administrativo: la solicitud al Ayuntamiento un informe sobre la compatibilidad del suelo con la instalación de placas.
Visibles desde buena parte del valle
Según la información recabada hasta ahora por los consistorios de La Fueva y Palo, son tres parques y abarcan 418 hectáreas, aunque no todas estarían ocupadas por placas. Los promotores, por su parte, hablan de entre 190 y 250. Los dos del primer municipio tienen menos de 50 megavatios, de forma que la tramitación sobre el impacto en el medio, cuando se inicie, estará en manos del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. El de Palo, al superar esta capacidad de producción, por poco, 50,01 MW, queda en manos del Ministerio de Industria. Los tres tienen continuidad y ocuparán una amplia franja de suelo visible desde buena parte del valle, salvo la zona norte, y que impacta de lleno en las localidades de Morillo de Monclús, Palo y Humo de Muro.
Carlos Espluga está construyendo un campin en uno de los pueblos del valle, Alueza, con 11 vecinos, y ha recurrido a las renovables. "Yo voy a instalar placas fotovoltaicas para reducir la huella de carbono. Estaríamos de acuerdo en permitir parques para hacer los municipios autosuficientes, pero no en hipotecar nuestros terrenos y nuestro futuro para que la luz se vaya fuera, sin dejar aquí ni desarrollo ni empleo, como nos pasó con los pantanos", explica.
Algunos propietarios ya han arrendado sus tierras
Hace 15 días, cuando el proyecto se reactivó con la solicitud remitida a los ayuntamientos y las llamadas a los propietarios, Espluga y otros vecinos fueron casa por casa para recoger firmas. "Entonces conseguimos 340, algunas más en los últimos días, en un valle de 600 personas, sin contar a los niños". No obstante, reconoce que no se puede hablar de un bloque de oposición monolítico, porque algunos propietarios han dado su consentimiento a la ocupación. "Sabemos que siete vecinos han firmado, de los que viven aquí, pero la mayoría residen fuera. Alguno ya se ha arrepentido porque no conocía la dimensión del asunto", asegura el concejal.
La tensión se trasladó a la corporación municipal. Prueba de ello son algunas pancartas, como una que cuelga en Tierrantona pidiendo la dimisión del alcalde. El primer edil, Ramón Laplana, histórico dirigente del PSOE en el Alto Aragón, no oculta su apoyo inicial al proyecto, "cuando pensábamos que era un parque de 100 o 150 hectáreas". "Vienen tiempos complicados, y para las arcas municipales podían suponer 400.000 o 500.000 euros de ingresos al año, con una afección mínima. Pero vistas las nuevas dimensiones y la contestación social que ha habido... Tan grande es una barbaridad". Fue la oposición vecinal y del resto de concejales (la corporación la forman seis ediles del PSOE y uno del PP) lo que decantó la balanza.
"De entrada nos vamos a oponer", señala ahora el alcalde, "pero no sé cómo lo vamos a hacer". La Fueva carece de un Plan General de Ordenación Urbana y se rige por las normas subsidiarias provinciales. La transformación del suelo no urbano para acoger una instalación industrial requeriría de la declaración de interés social. "Lo tiene que aprobar el Ayuntamiento, pero lo pueden recurrir", aclara Laplana. Por otra parte, dada la cercanía de la línea de evacuación de Mediano, "si se van estos, vendrán otros", reconoce. De hecho, hay otro proyecto en ciernes para la construcción de un parque flotante en las aguas de Mediano, sobre el que el Ayuntamiento de Aínsa, que sí tiene plan urbanístico, ya se ha blindado.
La Fueva ha solicitado asesoramiento jurídico a la Diputación de Huesca, "pero solo con un documento de intenciones, es difícil emitir un informe", añade el alcalde. "Seguramente esto acabará en los tribunales". Según Laplana, detrás del proyecto están Acciona, una empresa italiana y otra alemana. De momento, los contactos se mantienen con una inmobiliaria, que es la que cierra los contratos de arrendamiento, y una consultora. El próximo lunes, el asunto se tratará en un pleno extraordinario.
"¿Què precio vamos a pagar por ese beneficio económico?"
El Ayuntamiento de Palo, el segundo municipio afectado, no tiene una posición definida, asegura la alcaldesa, Begoña Dorado, que sí es consciente de que la mayoría de los vecinos (apenas hay 25 censados) está en contra. "Haremos lo que la gente quiera que hagamos. Tampoco tenemos mucha información de lo que se plantea", asegura, más allá de la solicitud del informe de compatibilidad urbanística y de una llamada de teléfono de la empresa inmobiliaria que gestiona los contratos de arrendamiento para disculparse por la falta de información y concertar una reunión. "Nos han remitido una lista de parcelas, bastantes, y se supone que elegirán las que quieran. Pero hay propietarios que no han firmado. De cada proceso se encarga una empresa: una capta los arrendatarios, otra montará las placas y otra las explotará. En Palo creemos que ocuparía 140 hectáreas, aunque la empresa dice que son menos".
Para un municipio como Palo, sin apenas recursos y que se disputa con Fago ser el menos poblado de la provincia, el parque solar llegaría con un pan debajo del brazo. Sin embargo, la alcaldesa se pregunta: "¿Qué precio vamos a pagar por ese beneficio económico? El impacto visual será enorme. Estamos al principio del valle, a 700 metros de altitud, y se divisa todo".
Coincide con otros responsables municipales en que la oposición no es contra las renovables. Todo lo contrario. "Ojalá tuviéramos recursos para invertir en placas e incentivar el autoconsumo. El problema es la dimensión, esa exageración, el impacto visual, y el social, sobre nuestro modo de vida, porque nos afectará bastante", añade Dorado, en alusión a los jóvenes que han encabezado la oposición, entre ellos quienes se han incorporado a la agricultura y la ganadería y perderían parte de las tierras de cultivo o pasto. Ella misma es ganadera. Pero también hay gente mayor, concluye, "que lleva grabado a fuego lo que ocurrió con Mediano y que todavía lo recuerda con dramatismo". "Tenemos la sensación de que otra vez nos toca tener que sacrificarnos para producir una energía que se va fuera y no deja beneficios", concluye.
Los inversores, "asustados" por el revuelo generado
La consultora encargada de los trámites y el desarrollo de los tres parques se ha mostrado "sorprendida" por la fuerte contestación social. Visto el "revuelo", afirma David Ochoa, de Efelec Energy, con sedes en Pamplona y Zaragoza, "los inversores están estudiando como ocupar el menor espacio posible". No obstante, en ningún caso renunciarán, asegura. La garantía para seguir adelante son las 250 hectáreas ya firmadas en contratos de arrendamiento, suficientes, según la firma, para desarrollarlos.
"En 15 días se tomará una decisión. de momento las empresas nos han pedido no revelar sus nombres porque están asustadas por el revuelo generado", ha señalado Ochoa, asegurando que se están barajando sistemas para minimizar el impacto, con cultivos de plantas aromáticas que reduzcan el impacto visual, y para el aprovechamiento del suelo, a través de la entrada de los ganaderos en los terrenos.
En función de estas circunstancias y de la tecnología elegida finalmente, la superficie a ocupar sería de entre 190 y 250 hectáreas. "En el peor de los casos ya se ha firmado con el número necesario de propietarios", ha añadido el responsable de Efelec Energy, para quien el interés de la localización en el valle de La Fueva está en la cercanía de la línea de evacuación de Mediano. "Se buscan terrenos cerca porque todavía hay capacidad de evacuación y para evitar el impacto de la construcción de un tendido".
La inversión se calcula en 75 millones de euros, no se ha concretado el empleo generado, y a las arcas municipales les supondría unos ingresos de casi 3 millones de euros en impuestos y licencias. Salvo la solicitud del informe de compatibilidad urbanística, todavía no han empezado los trámites, que la empresa estima en una duración de dos años. Según Ochoa, son proyectos de interés comunitario y de utilidad pública, "apoyados por Europa, España y Aragón".
