El Gobierno de Aragón pedirá al comité español del Consejo Internacional de Museos (ICOM) que rectifique y anule el comunicado emitido el 12 de marzo en el cual reitera la "conveniencia" de retrasar "el traslado" de las obras de arte a la Diócesis Barbastro-Monzón desde el Museo de Lérida "hasta haberse agotado las instancias de recurso, para evitar operaciones no definitivas que pudieran comprometer la integridad de los bienes", en relación a la ejecución provisional de la sentencia del juzgado de Barbastro diciembre de 2019, que la parte catalana recurrió ante la Audiencia Provincial de Huesca".

La directora general de Patrimonio, Marisancho Menjón, ha recordado que no se ha producido un "traslado de colecciones" del Museo de Lérida al de Barbastro-Monzón, sino "la restitución de unos bienes a la diócesis a la que pertenecen las parroquias propietarias". Señala que "más de 25 años de conflicto y la unánime decisión a favor de las reclamaciones aragonesas en el ámbito eclesiástico y civil, son un plazo más que razonable para que las obras hayan vuelto, en cumplimiento de una orden judicial".

Menjón manifiesta que las órdenes de ejecución provisional «son ponderadas y no se dictan sin fundadas razones para considerar que la sentencia que se ordena ejecutar tiene pocas posibilidades de prosperar en instancias superiores".

Menjón indica que, en todo caso, el traslado de bienes culturales es un hecho frecuente con ocasión de su préstamo para exposiciones temporales, y los bienes no sufren ningún deterioro siempre que se cumplan las necesarias exigencias de seguridad y conservación tanto en el transporte como en el destino.

Asimismo, la directora general de Patrimonio señala que el Diocesano de Barbastro-Monzón y otras entidades aragonesas que forman parte del ICOM  no conocen el decálogo aprobado en 2020 al que alude el comité español para hacer esa recomendación. Menjón afirma que "el consejo Ejecutivo de España se ha extralimitado en sus cometidos, ha emitido un comunicado que cuestiona las decisiones del sistema judiciale ha tomado parte por una de sus entidades asociadas en detrimento de otra y ha mostrado desconocer la historia de los bienes reintegrados desde Lérida a Barbastro y del litigio que les ha afectado durante más de 25 años".