Denuncian un incremento de agresiones a guardias civiles por los controles del covid
El abogado de la AEGC, el oscense Jorge Piedrafita, dice haber recibido un 30% más de casos. La asociación critica que muchos acaban en penas menores al reducir los delitos de atentado a resistencia.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha mostrado su preocupación por el creciente número de agresiones hacia los agentes en acto de servicio, especialmente en los últimos meses por el mayor número de controles por los confinamientos y las sanciones por infracciones a la normativa anti-covid; agresiones que a veces se quedan en un castigo menor.
La denuncia se produce después de que la semana pasada se celebrara en el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Huesca la vista contra un vecino de Albalate de Cinca, que fue detectado incumpliendo las normas de tráfico, trató de huir a gran velocidad por caminos y se introdujo en un campo de alfalfa en el que quedó bloqueado, momento en el que los agentes fueron a pedirle la documentación y el infractor trató de agredirles, teniendo que ser reducido.
La Fiscalía lo acusaba de atentado, pero en el juicio lo rebajó a delito de resistencia, con una pena muy inferior, explicó Jorge Piedrafita, abogado oscense de la AEGC, que ejercía la acusación particular, una personación, dijo, que pretende "evitar tratos fáciles que comporten penas ínfimas por sucesos que en muchas ocasiones son de gravedad y que ninguna agresión a los agentes quede impune o salga gratis".
A falta de conocerse los datos oficiales del 2020, Jorge Piedrafita calcula que han llegado a su despacho un 30% más de casos de agresiones a agentes desde el inicio de la pandemia. Por ello, la Asociación Española de Guardias Civiles, añade, ejercerá la acusación particular en beneficio de todos sus agentes en los incidentes sufridos en acto de servicio. Una cobertura legal que considera fundamental ante la preocupación por el creciente número de agresiones.
Entre los casos pendientes de juicio está el de un coche con matrícula alemana, que se saltó un control en Canfranc y se dio a la fuga durante 70 kilómetros hasta ser interceptado en la A-23 a la altura de Nueno, no sin antes arrollar a varios agentes. Ocurrió en marzo del 2020, solo unos días después de la declaración del estado de alarma. Apenas un mes más tarde, un vecino de Binéfar amenazó a dos agentes y propinó un cabezazo a uno de ellos que le pidió la identificación cuando había salido a comprar tabaco y a pasear al perro de otra persona.
