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Huesca

El Gobierno central adeuda 1,4 millones por el IBI de la presa de San Salvador

El Ministerio para la Transición Ecológica ha reconocido la deuda mantenida desde 2018 con los ayuntamientos de Binaced, Albalate de Cinca y Belver de Cinca. 

Embalse de San Salvador, que desde hace cuatro años abastece al Canal de Aragón y Cataluña
Embalse de San Salvador, que desde hace cuatro años abastece al Canal de Aragón y Cataluña
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Después de 3 años de reclamaciones, los ayuntamientos de Binaced, Albalate de Cinca y Belver de Cinca podrán cobrar la deuda de 1,4 millones de euros que tiene con ellos el Gobierno central en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por el embalse de San Salvador. La fiscalidad de las grandes presas y centrales hidroeléctricas es una reivindicación histórica de los municipios, sobre todo los de la montaña, y motivó hace una década una larga batalla judicial que se saldó a favor de los ayuntamientos reconociéndoles el derecho a cobrar este impuesto, un dinero que para algunos constituye su principal fuente de ingresos.

 El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfica acaba de reconocer el derecho de Binaced, Albalate y Belver a cobrar ese dinero, después de que la Diputación Provincial de Huesca realizara gestiones para conseguir que la Administración General del Estado atendiera el derecho de esos municipios y pagara la deuda contraída con los tres ayuntamientos desde el año 2018. Binaced deberá recibir 1,2 millones de euros en concepto de IBI, ya que el embalse de San Salvador ocupa mayoritariamente este término municipal. El resto de la cuantía corresponde a los otros dos.

El embalse de San Salvador empezó a tributar en el año 2018. La deuda con Binaced es de casi 392.000 euros al año, sin contar apremios y recargos. Por este mismo concepto, Belver debería haber percibido más de 36.000 euros al año y el de Albalate casi 21.500 euros.  "Las tres cantidades son muy importantes para sus arcas municipales y de hecho los principales argumentos esgrimidos por la Diputación de Huesca se han basado en el quebranto a la hacienda local que suponía el que el Ministerio no abonase estos importes", señalaron fuentes de la institución provincial.

La Dirección General del Agua del citado Ministerio ha reconocido por escrito que se está realizando un estudio y valoración con el propósito de atender el pago de la deuda contraida, aunque los ayuntamientos tendrán que esperar al próximo ejercicio. "Se estima que hasta el inicio del ejercicio presupuestario de 2021 no será posible atender las citadas obligaciones tributarias", ha ratificado la Dirección General del Agua.

Más de 40 municipios del Alto Aragón cobran el denominado impuesto sobre los Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE), un IBI que grava fiscalmente las grandes infraesturas públicas,  cuyo importe supone anualmente más de 4 millones de euros, una cantidad que se encarga de recaudar por delegación, como la mayoría de los tributos locales, la Diputación de Huesca. Para algunos, sobre todo los más pequeños, es su principal fuente de ingresos (en algún caso supone el 80%), y una forma de compensación por las servidumbres que soportan de estas grandes obras.

La consideración de BICE a efectos tributarios afecta a los bienes destinados a la producción de energía eléctrica, de gas y centrales nucleares; a las autopistas, carreteras y túneles de peaje; a los aeropuertos y puertos; y a las presas, saltos de aguas y embalses . En este caso se incluye el lecho de suelo inundado y las infraestructuras, y solo están exentos los destinados exclusivamente a riego.

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