asesinatos
Piden rebajar la condena al inmigrante senegalés que mató a su mujer a puñaladas en Monzón
En su intervención, seguida por el acusado Mamadou D. desde prisión, la defensa se ha apoyado en la opinión de un forense que aseguró creer que la víctima se había desmayado antes de recibir todas las cuchilladas y no era consciente del dolor para solicitar que fuera rechazada la agravante de ensañamiento.
La defensa del inmigrante senegalés que fue condenado el pasado mes de julio a 25 años de prisión por el asesinato de su mujer, a la que infligió 105 puñaladas con un cuchillo de cocina, ha solicitado este miércoles rebajar su pena a 7 años y medio tras alegar que el jurado que vio el caso vulneró la presunción de inocencia de su cliente y no valoró su estado mental.
Este miércoles se ha celebrado una vista oral en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) convocada para el estudio del recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Audiencia de Huesca por asesinato y de los escritos de impugnación presentados por las acusaciones.
En su intervención, que ha seguido el acusado, Mamadou D., desde prisión, la defensa se ha apoyado en la opinión de un perito forense que aseguró creer que la víctima se había desmayado antes de recibir la totalidad de las cuchilladas y no era consciente del dolor para solicitar que fuera rechazada la agravante de ensañamiento.
Ha asegurado, por otra parte, que el jurado no tuvo en cuenta el informe presentado por dos psiquiatras forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), en su opinión los únicos profesionales cualificados que tomaron parte en la vista, que sostuvieron que el acusado padecía un trastorno obsesivo compulsivo que podía haber afectado su imputabilidad.
A tenor de estos planteamientos, ha reclamado atenuar la pena a 7 años y medio de prisión por un delito de homicidio con la atenuante de obcecación.
En respuesta a la posición de la defensa, la fiscalía ha asegurado que la abogada pretendía modificar los hechos considerados probados por el jurado por otros ajustados a los intereses de su cliente.
Una posición, ha añadido, que hubiera exigido de la defensa una repetición del juicio en lugar de referencias a supuestos errores en los hechos valorados por el jurado popular.
En este mismo sentido se ha pronunciado la letrada de la acusación particular en nombre de los hijos de la víctima, la abogada Isabel Cazorla, quien ha reprochado a la colega de la defensa de haber cogido "sesgadamente" y de forma descontextualizada una frase de uno de los forenses para alegar que a la víctima no se le había infligido un sufrimiento innecesario.
En relación con este punto, ha recordado que según los forenses, la mujer se desmayó y cayó al suelo después de recibir 39 de las 105 cuchilladas que le fueron asestadas, algo que, en su opinión, "se llama ensañamiento".
La defensa ha destacado, por otra parte, que los peritos del IMLA no sólo apuntaron lo alegado por la defensora, sino que manifestaron que el acusado no había sufrido un brote psicótico (no hubo destrozos en la casa ni el acusado atacó a sus dos hijos) y no tenía afectadas sus capacidades cognitivas a causa del supuesto trastorno obsesivo que padecía.
A las tesis de ambas acusaciones se ha sumado el abogado del Gobierno aragonés, personado como representante de la acción popular en contra de la violencia machista.
La sentencia apelada consideró probado que el 25 de noviembre de 2018, el acusado se dirigió a la casa familiar en Monzón para restituir los dos hijos menores a la madre, de la que se había separado por diferencias diversas.
El jurado estimó que durante una discusión, el procesado cogió un cuchillo de grandes dimensiones de la cocina y apuñaló más de cien veces a su mujer, Rokhala Diep, inmigrante senegalesa asimismo, a la que siguió apuñalando tras caer al suelo.
En su defensa, el procesado alegó que había escuchado en su cabeza unas "voces" que le habían impulsado a matar a su mujer, una objeción que los especialistas no consideraron probada.
Los miembros del jurado sí que apreciaron, sin embargo, que el asesinato fue "un acto de dominación motivado por la idea de superioridad que el acusado tenía respecto a la víctima por su condición femenina", derivado, además, de un contexto cultural y religioso en el que el hombre ejerce el papel de superior jerárquico.
