Francisca M. R., vecina de Huesca, tenía 49 años cuando fue operada en el hospital San Jorge de la capital oscense el 30 de enero de 2013 para practicarle una histerectomía total.  A los dos días de la intervención empezó a sentir fuertes dolores en la zona operada. No obstante, recibió el alta hospitalaria. Siete años después y tras muchas reclamaciones, el Salud ha indemnizado a esta paciente con 107.387,45 euros por la secuelas sufridas debido a que habían olvidado en su abdomen  una compresa quirúrgica.

Ella ha presentado un demanda ante el Tribunal de Justicia de Aragón para que esta indemnización se incremente hasta los 211.785,85 que establece el Consejo Consultivo de Aragón en un  dictamen que Sanidad no ha tenido en cuenta, según manifiesta el abogado Ricargo Agoiz. .    

Trece días después de la operación, al retirarle las grapas quirúrgicas en su centro de Salud, advirtieron que la mujer presentaba un bulto extraño y fue remitida al hospital San Jorge. "Pero allí no le dieron importancia y la derivaron a consultas de Ginecología, manifestando que era un simple hematoma", explica Agoiz. 

La paciente insistió en que se le realizaran más pruebas porque "algo grave" le estaba pasando. Finalmente, el 10 de abril de 2013, tres meses después de la primera operación, fue reintervenida y se extrajo una compresa quirúrgica de su cuerpo que se habían olvidado en la primera cirugía. 

Agoiz, abogado de la Asociación El Defensor del Paciente, señala que debido a "las gravísimas secuelas de la infección, que precisan tratamiento con estupefacientes para calmar el dolor", la mujer ha sido "declarada en situación de incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo".

La reclamación de Responsabilidad Patrimonial se presentó el 28 de enero de 2014. El Informe de la Inspección Médica del Gobierno de Aragón manifestó que se trataba de un caso de iatrogenia ( un daño a la salud de una persona, causado o provocado por un acto médico involuntario) evitable y atribuible a defectos en el contaje de material. El Dictamen del Consejo Consultivo (órgano del propio Gobierno de Aragón) también fue favorable a la reclamación y establecía una indemnización de 211.785,85 euros

Finalmente, la Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, "incumpliendo lo determinado por su propio Consejo Consultivo", ha dictado una resolución que establece una indemnización de 107.387,45 euros . Según el abogado, esta escasa valoración, “totalmente injustificable", ha supuesto que la paciente, “que ha visto destrozada su vida personal y profesional”, haya iniciado un proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón solicitando que la valoración de la indemnización se ajuste a la cifra que el Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón había determinado. Según explica Agoiz, el Salud no ha valorado la incapacidad absoluta de la mujer sino "una incapacidad total para un determinado puesto de trabajo.