El PSOE espera el informe técnico para decidir sobre la limpieza viaria de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca va a tomarse su tiempo antes de adoptar una decisión sobre la prestación de la limpieza viaria de la ciudad, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya declarado válido el acuerdo plenario de hace tres años de encomendar el servicio a la empresa pública Grhusa, tras estar en manos de FCC entre 2013 y 2017. Esta encomienda fue anulada por el Tacpa (Tribunal de Contratos Administrativos de Aragón) a instancias del PP.

El equipo de gobierno socialista espera conocer el informe encargado a los técnicos municipales sobre los pormenores del fallo judicial y las consecuencias económicas y jurídicas que podrían conllevar optar por mantener la remunicipalización mediante dicha encomienda o seguir con el proceso abierto para privatizar el servicio, un concurso por 22 millones de euros y para ocho años al que se han presentado seis empresas y que está en fase de subsanación de errores. La encomienda ahora validada tiene una prórroga hasta el 30 de septiembre, lo que garantiza la prestación de la limpieza en todos los casos.

A partir de lo que recoja este informe, que se dará a conocer en la junta de portavoces de este viernes, la decisión podría llevarse al pleno. Para mantener la gestión de Grhusa, el PSOE, que gobierna en minoría con 10 ediles, necesitaría no solo el apoyo de Con Huesca-Podemos-Equo (promotor de la recuperación de la gestión pública en el anterior mandato como Cambiar) sino de algún otro grupo de la corporación, donde además del PP (9 concejales) están Vox (1) y Ciudadanos (3).

La portavoz del equipo de gobierno, María Rodrigo, ha señalado que "hay que mantener la prudencia". "La sentencia todavía no es firme y puede recurrirse". En este proceso judicial está implicado el Ayuntamiento de Huesca y la Abogacía del Estado, pero "no hay que olvidar que fue el PP el que presentó el recurso ante el Tacpa", ha comentado la concejala.

La portavoz del PP, Gemma Allué, ha señalado que su formación no está personada en el actual procedimiento judicial y "no se nos ha informado de este asunto" y que, por tanto, no cabría recurrir. Quien si puede hacerlo es el abogado del Estado. El Partido Popular insiste en que su grupo siempre dijo que el proceso de municipalización "no se hizo con las garantías jurídicas necesarias" y en que "se usó el Ayuntamiento como un laboratorio de ensayos". "Si el gobierno municipal decide anular el procedimiento de licitación hoy en marcha y de nuevo encomienda la limpieza viaria a Grhusa vamos a exigir que los trabajadores que accedan a estos puestos lo hagan cumpliendo los requisitos de publicidad, mérito y capacidad exigidos", resalta la portavoz Gemma Allué.

La edil destaca que "se debe garantizar que todos los oscenses tengan el mismo derecho de acceso a una empresa pública, mediante un proceso de selección como establece la ley". Este fue uno de los principales argumentos esgrimidos por los populares a la hora de oponerse a la encomienda, ya que los empleados de FCC pasaron a depender de Grhusa.

Cs apuesta por la opción más "ventajosa económicamente"

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos considera que "la sentencia viene por fin a aclarar la legalidad de la encomienda a Grhusa". El concejal José Luis Cadena, es partidario de esperar a que el fallo sea firme para tomar una decisión y señala que tanto la opción de encomienda o la de contratación, son "válidas" para su formación. No obstante, apostilla que ante igual servicio "el Ayuntamiento debe elegir la opción más ventajosa económicamente".

Pilar Novales, portavoz de Con Huesca y teniente de alcalde durante el tripartito del pasado mandato con el PSOE y Aragón sí Puede, ha manifestado que "queda claro que el error no estaba en remunicipalizar, sino que el gran error fue privatizar en el mandato del PP". La concejala recuerda los "graves problemas" que hubo mientras FCC prestó el servicio con "salarios por debajo de convenio, contratos de un día de duración, rotación brutal...". "Además de graves incumplimientos en la prestación del servicio que dieron lugar a expedientes sancionadores", añade.

La edil apunta que, según dice la sentencia, el servicio prestado por Grhusa, es decir, público, es mucho más eficiente. "De hecho, el nuevo pliego recogía un coste de más de medio millón más cada año" y "por tanto, sería ridículo que, con esta sentencia se insistiera en que sea privado, ahora solo debería haber una opción, que lo preste Grhusa", apostilla.

El concejal de Vox, Antonio Laborda, comenta que su grupo tiene que analizar bien todo el proceso, ya que es nuevo en la corporación. Sí ha manifestado que "como alternativa patriótica y social" su partido siempre defenderá "que los trabajadores de este servicio tengan un sueldo digno". "Esta pandemia ha dejado claro que los trabajadores que menos cobran como los del campo, limpieza viaria y supermercados son los más esenciales para sociedad, por eso hay cuidarlos y protegerlos", añade.