Las empresas de Huesca urgen liquidez para evitar "una crisis sin precedentes"

Los empresarios altoaragoneses han consensuado un documento de propuestas para salir de la crisis generada por la pandemia del covid-19 que trasladarán al Gobierno central y al autonómico y a los principales Ayuntamientos de la provincia, además de las organizaciones empresariales, que se resumen en una sola: dotar de liquidez al sistema "de manera inmediata y durante el tiempo necesario". Y es que si no, advierten de que las empresas se verán abocadas a "una crisis sin precedentes".

El documento es el resultado de las reuniones celebradas en la Confederación Empresarial Oscense (CEOS-Cepyme Huesca) entre representantes de organizaciones sectoriales, territoriales, de autónomos y de mujeres empresarias, integradas en la misma, así como con el Foro Huesca Excelente, la plataforma Huesca Suena, la Federación de Polígonos Industriales de Huesca, el Colegio de Graduados Sociales y Fernando Callizo como presidente del Consejo Económico Social.

El resumen incluye una veintena de medidas globales y otras más específicas para los sectores agroalimentario, de turismo y hostelería, de comercio, de construcción, de panaderías y pastelerías, del transporte y del metal.

Ante todo reclaman liquidez para salvaguardar la supervivencia de muchas empresas, especialmente pymes y autónomos, mediante préstamos ICO, Avalia, Sodiar, etc.… y también con el cumplimiento del plazo legal de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas.

Además, piden dotar de liquidez y confianza al consumidor, con libertad de movimientos, atendiendo siempre a criterios sanitarios. Y propone en este sentido rebajar el IRPF, al menos en el tramo autonómico, en pensionistas y en ingresos por salarios inferiores a 50.000 euros al año.

También solicitan prolongar la prestación extraordinaria por cese actividad de autónomos, exonerando del pago de la cuota en los meses de inactividad y tras el levantamiento del estado de alarma si fuera preciso; adaptar los impuestos y tasas de las administraciones públicas a la nueva realidad económica; aplazar o suprimir la cotización a la Seguridad Social durante el periodo de carencia o reducción importante de ingresos por causa de la pandemia; fomentar nuevas contrataciones exonerando de pagos a la Seguridad Social en los primeros seis meses a nuevos contratos indefinidos en autónomos y pymes; o implantar un Ingreso Básico de Supervivencia (IBS), a pymes y autónomos.

Asimismo, abogan por facilitar test masivos y garantizar el suministro de EPI en las empresas; concretar las medidas y plazos en las fases de la desescalada con instrucciones claras y sencillas para los diferentes sectores productivos; promover un plan de rescate de hostelería y turismo de la provincia de Huesca en base al turismo de interior: de invierno, rural, religioso, enológico, monumental, deportivo, cultural, etc…; y garantizar la participación de mujeres en todos los grupos de expertos sobre la covid-19.

En cuanto a los ERTE, piden agilizar su tramitación y flexibilizar su aplicación más allá del fin del estado de alarma, facilitando la reincorporación escalonada de la plantilla, suprimiendo el compromiso de mantenimiento del empleo durante seis meses y exonerando del pago a la Seguridad Social a empresas de más de 50 trabajadores; además de Instar al SEPE a que abone la prestación por desempleo a los trabajadores en el menor plazo posible.

También plantean dotar a las empresas de la flexibilidad laboral con distribución irregular de la jornada, elevación del límite anual de las horas extras a 200 horas, flexibilidad temporal para la recuperación del permiso retribuido obligatorio del 31 de marzo al 9 de abril; congelar el importe del Salario Mínimo Interprofesional para los próximos 5 años; facilitar el proceso de digitalización de las pymes, especialmente en el ámbito rural; y levantar la suspensión en la tramitación de licitaciones para inversiones del sector público, priorizando a las empresas de la zona.

Y ya a medio plazo exigen eliminar la burocracia innecesaria en las administraciones públicas; promover la exportación y la internacionalización de las pymes; facilitar la instalación de grandes empresas, tanto en la provincia como en la Comunidad Autónoma por su importante labor de “locomotoras” de la actividad económica en todo su entorno; adaptar la formación a las necesidades productivas, especialmente, en lo relativo a la Formación Profesional y a la Formación Continua; e incrementar los fondos destinados a subvencionar la I+d+i, especialmente para pymes.