juicio por desobediencia
La jueza del caso Sijena no da más plazo a Santi Vila y le embarga los bienes
Debe afrontar una fianza de 216.000 euros y la Caja de Solidaridad independentista se ha negado a pagarla, a diferencia del otro procesado.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha desestimado la prórroga de un mes solicitada por el 'exconseller' de Cultura de la Generalitat Santi Vila para depositar la fianza de 216.000 euros que se le exigía, en el juicio por desobediencia en la entrega de los bienes de Sijena, y por lo tanto le embargará sus bienes. En un auto, la magistrada Marina Rodríguez, a la vista del tiempo transcurrido "desde que se requirió el pago", da orden para que se investiguen sus propiedades en la Oficina de Averiguación de Hacienda, y de esta forma garantizar la fianza.
El 'exconseller' tenía problemas para reunir el dinero, por lo que su abogado había solicitado al juzgado un mes más. La fianza cubriría las posibles penas de multas solicitadas por las acusaciones, los gastos del traslado de las piezas, del que finalmente se tuvo que hacer cargo el Gobierno de Aragón, y las costas judiciales. La acusación particular, ejercida por el abogado Jorge Español, en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, ya solicitó el embargo, mientras que la Fiscalía no se había opuesto a la prórroga.
La jueza ha estimado que han pasado más de dos meses desde el primer requerimiento. Según ha explicado Español, una vez tenga la lista de bienes, que se consigue de manera inmediata a través de la citada oficina, decretará, previsiblemente mañana, el embargo de los bienes en la cuantía suficiente para cubrir la fianza.
"Personalmente, no me alegro en absoluto de esto, ni mucho menos, pero, por desgracia, es lo que el señor Vila merece con creces después de burlar reiteradamente el cumplimiento de las órdenes judiciales para que entregara estas piezas", ha declarado el abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, haciendo alusión a que tanto el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional "ya le habían dicho hasta la saciedad que quien tenía que decidir dónde irían estas piezas no era el consejero de Cultura de la Generalitat sino el Juzgado de Huesca".
La Caja de Solidaridad creada para pagar los gastos judiciales de los líderes independentistas se ha negado a hacerse cargo de los 216.000 euros diciendo que es responsabilidad suya, dada su negativa a cumplir la orden de devolución de las 44 piezas retenidas en el Museo de Lérida. Esta negativa contrasta con el respaldo dado a Lluís Puig, sucesor de Vila en el cargo y contra el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca también ha dictado apertura de juicio oral. Puig, fugado a Bélgica con Carles Puigdemont, consignó los 88.000 euros reclamados de fianza el pasado 15 de enero. El ingreso lo hizo en su nombre la Caja de Solidaridad.
Los hechos por los que serán juzgados tienen su origen en la sentencia dictada el 8 de abril de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca, que decretaba la nulidad de pleno derecho de las compraventas realizadas por la Generalitat de Cataluña entre 1983 y 1992 y por el Museo de Arte de Cataluña en 1994 declarando que la propiedad de los bienes objeto de tales contratos correspondía a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena.
Los depositados en el Museo de Arte de Cataluña fueron devueltos voluntariamente, pero los 44 retenidos en el Diocesano de Lérida solo salieron cuando fueron a buscarlos técnicos del Gobierno de Aragón con el auxilio de la Guardia Civil, después de que el juzgado intentara ejecutar la sentencia en varias ocasiones, encontrándose con que la Generalitat no obedecía las ordenes de entrega.
Posteriormente, y para intentar retenerlas, según la acusación, Vila dictó una orden por la que no autorizaba la disgregación de las obras que quedaban en el Museo de Lérida y por tanto no se autorizaba la salida de los 44 bienes a Sijena. Este hecho le ha supuesto que la acusación particular, además del delito de desobediencia del que también se acusa a Puig, con una pena de 11 meses de multa a razón de 300 euros diarios (99.000 euros) e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de dos años, a él se le atribuya otro de usurpación de atribuciones judiciales, con una pena de 11 meses de prisión y multa de siete meses (63.000 euros). Por su parte, la Fiscalía reduce la multa a 5.940 euros y solo acusa por el primer delito.
