Aragón pide al Supremo ser oído en el conflicto de competencias por los bienes

¿Quién debe ejecutar la sentencia que ordena la devolución de las 111 obras de arte de las parroquias aragonesas depositadas en el Museo de Lérida? ¿El juzgado de Barbastro que dictó la sentencia o la Generalitat de Cataluña, poseedora de las piezas? Ambas se disputan la competencia y será el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción el encargado de decidirlo. Por ello, el Obispado de Barbastro-Monzón y el Gobierno de Aragón acaban de solicitar al presidente del Supremo, que encabeza ese tribunal, ser escuchados en el proceso.

Los letrados de la diócesis y de la DGA, además de pedir la desestimación de la causa instada por la Generalitat, quieren ser parte y que se les dé audiencia como interesados, pues inicialmente el Tribunal de Conflictos solo iba a escuchar al gobierno catalán, al juzgado y al fiscal, en cumplimiento de la actual legislación, que consideran ha quedado obsoleta. De momento, ya han conseguido que el Supremo los tenga como parte interesada en el procedimiento, al ser los demandantes de la sentencia origen de la disputa.

Según destaca el escrito del letrado de la Comunidad Autónoma, resulta "incomprensible" que ante un conflicto de jurisdicción de esta entidad, el Gobierno de Aragón, "que es quien realmente tiene la competencia de patrimonio cultural sobre estas 111 piezas, no sea oído". Por contra, las competencias de la Generalitat, alega, al tratarse de bienes del patrimonio cultural aragonés prestados, no van más allá de protegerlos y cuidarlos mientras estén allí y hasta que el propietario ponga fin a su gestión, dado que la catalogación aragonesa es la "válida y definitiva".

Por su parte, el escrito al Supremo del Obispado destaca la "privilegiada" situación de la Generalitat, que es oída hasta tres veces, y de la Fiscalía, a la que se escucha en dos ocasiones a lo largo del proceso. Esto supondría lesionar el principio constitucional de igualdad, y además destaca "la importancia radical" de decidir quién es el órgano competente en este asunto, cuando se trata de ejecutar la sentencia.