"Mantener la firmeza en la defensa del río y del territorio pues es nuestro medio de vida". Esta es la primera de las decisiones que representantes de todos los ayuntamientos de la zona, empresarios, asociaciones y vecinos han tomado este lunes en una concurrida asamblea celebrada en Ayerbe unos días después de que el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de convocar una nueva Mesa de Diálogo para revisar el Pacto del Agua y, en concreto, el embalse de Biscarrués, en el río Gállego.   

Convocados por la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, los asistentes a la asamblea, ha reiterado su intención de continuar "luchando por el medio ambiente, por el río Gállego, que es sustento económico de las aguas bravas y que, sin consumir ningún hectómetro, genera riqueza en el territorio". Asimismo, han vuelto a poner de manifiesto que la alternativa a Biscarrués "ya se está realizando en Almudévar" donde se están construyendo un embalse de 170 hectómetros, "financiado con dinero público y que no está en el Pacto del Agua, que tanto se reivindica".

Desde la Coordinadora insisten en que este territorio, donde se ubican pueblos como Santa Eulalia de Gállego, Ayerbe, Murillo, Erés, Riglos, Agüero o Las Peñas de Riglos, "no está en contra de los regantes".

Para explicar todos los argumentos del rechazo a la construcción de embalse de Biscarrués se ha organizado una campaña que comenzará el lunes 17 febrero. Ese día, por la mañana, se convocará una rueda de prensa en la Diputación Provincial de Huesca coincidiendo con el 34 aniversario de la primera aprobación del proyecto.

El 23 de febrero, a las 12.00 en la plaza de Navarra de la capital oscense, tendrá lugar una concentración infantill y para todos los públicos en la que se mostrará "un río Gállego vivo que lucha contra la despoblación". Esta campaña se difundirá igualmente a través de redes sociales.  

Este martes, los alcalde Santa Eulalia de Gállego, Biscarrués y Murillo de Gállego, que han mantenido junto a la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos la vía judicial, comparecerán ante los medios de comunicación para explicar las razones de la oposición al embalse, que está pendiente del dictamen del Tribunal Supremo, después de que la Audiencia Nacional anulara en 2017 el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental.  

Los alcaldes insisten en que el proyecto es  "contrario a la supervivencia de la zona" y mantienen la apuesta "por un desarrollo sostenible basado en un río vivo que mantiene economía y población".