obras judicializadas
El Supremo empieza a deliberar sobre el recurso de Biscarrués
La Sección 5ª del alto tribunal, especializada en temas de medio ambiente, se ha reunido este miércoles para votación y fallo.
En medio del debate de la revisión del proyecto del embalse de Biscarrués, abierto el pasado fin de semana por el presidente aragonés Javier Lambán, el Tribunal Supremo ha empezado a deliberar este miércoles sobre el recurso presentado por la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, beneficiaria de la obra, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental.
Los cinco magistrados de la Sección 5ª de la Sala 3º (Contencioso-Administrativa) estaban convocados para votación y fallo. La sentencia, sin embargo, todavía se podría demorar "15 días o un mes", según fuentes del Supremo. La Sección 5ª está especializada en temas de medioambiente. Las mismas fuentes explicaron que se trata "del inicio de la discusión" sobre el recurso, una vez el ponente ya ha estudiado el recurso, que podría prolongarse en otras jornadas.
Este hecho ha coincidido en el tiempo con la reapertura del debate de la controvertida obra de regulación del río Gállego. El pasado sábado, el presidente Lambán anunció en Aínsa la puesta en marcha de una Mesa de Diálogo del Agua para alcanzar un nuevo acuerdo, casi 13 años después de las últimas resoluciones del Pacto del Agua sobre las regulaciones de los ríos. Mencionó expresamente el embalse de Biscarrués, "que hay que revisar" y cuyo futuro judicial es "sombrío", dijo el martes en Huesca.
El Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación en julio del 2018. Solo aceptó el presentado por Riegos del Alto Aragón y rechazó las alegaciones tanto del Abogado del Estado, en nombre del Ministerio de Medio Ambiente (hoy de Transición Ecológica), como de los opositores, representados por los ayuntamientos de Biscarrués y de Murillo de Gállego y la Coordinadora Biscarrués -Mallos de Riglos. No obstante, siguen personados en el proceso.
El recurso va dirigido contra la sentencia dictada un año antes por la Audiencia Nacional, que asumió en parte los recursos interpuestos por los ayuntamientos afectados y organizaciones ecologistas en contra del embalse. Según el fallo, se había vulnerado la directiva europea de Aguas porque el proyecto debería haber aparecido motivado antes en el Plan Hidrológico de Cuenca (solo constaba en los de 2014 y 2016, posteriores a la resolución impugnada de 2012); y no se justificó un ‘interés público superior’, como exigía también Europa, concepto que no se podía equiparar, según el tribunal, a la declaración de ‘interés general’ que contempla la legislación española "porque es abstracta y no contempla un análisis científico detallado relativo al deterioro del agua".
A raíz del revés judicial y teniendo en cuenta que la sentencia definitiva del Supremo podría tardar varios años, los responsables del Ministerio en la época del gobierno de Mariano Rajoy decidieron someter el proyecto a una nueva evaluación de impacto ambiental para solventar las deficiencias advertidas en el fallo de la Audiencia.
La licitación estaba prevista para la semana de la moción de censura, en junio del 2018, pero no se llegó a publicar. La obra la promueve la empresa pública Aguas de la Cuencas de España (Acuaes ), que necesita autorización previa del director general del Agua para sacar el concurso.
Los regantes siempre han mantenido que aunque se confirme la anulación del anteproyecto y de la declaración de impacto ambiental, "se podría empezar de cero", porque el proyecto constructivo realizado posteriormente es válido, ya que corrigió los motivos de la anulación. Eso sí, debería someterse a una nueva evaluación ambiental, un paso que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha dado hasta ahora, y parece menos probable en una coalición con Unidas Podemos.
