Huesca
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la revisión del pacto del agua

El presidente de la DPH apuesta por "desechar Biscarrués" y buscar alternativas

El Gobierno de Aragón asegura que persigue un amplio acuerdo para hablar con todos y de todo, sin olvidar el espíritu que inspiró el Pacto del Agua de 1992.

Miguel Gracia junto al presidente Javier Lambán, en una imagen de archivo.
Miguel Gracia junto al presidente Javier Lambán, en una imagen de archivo.
Maite Santonja

"Soy partidario de desechar Biscarrués ya y de buscar alternativas". Lo dijo este lunes el presidente de la Diputación Provincial de Huesca hablando del proyecto para la regulación del río Gállego, que lleva 40 años encima de la mesa sin despegar. Miguel Gracia ya había mostrado sus reticencias a raíz de revés de la Audiencia Nacional, pero este lunes el hombre fuerte y voz autorizada del PSOE del Alto Aragón se pronunció abiertamente en contra de esta obra.

Y lo hizo dos días después de que el presidente aragonés anunciara en Aínsa una nueva mesa de diálogo sobre el agua, justificada a la luz de "proyectos que en estos momentos están puestos en entredicho", mencionando expresamente el embalse de Biscarrués, que "hay que revisar".

El responsable político de la Diputación apoya la propuesta de Lambán y no entiende la "obstinación" por mantener Biscarrués, una obra que no solo está judicializada sino también cuestionada por la Comisión Europea, que tiene abierto un procedimiento de infracción contra el Gobierno de España.

"Habrá que buscar alternativas y soluciones dentro del sistema, y de hecho algunas ya están bastante estudiadas", dijo Gracia en referencia al embalse de Valcuerna, que junto al de Almudévar (en construcción), aportaría una reserva de 350 hectómetros cúbicos al sistema de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón.

Según el presidente de la Diputación, "casi todo el mundo en conversaciones privadas reconoce que no se va a hacer", porque es "un embalse de 35 hectómetros cúbicos con un coste social salvaje, tremendo, para la cuenca del Gállego y para la provincia, y que no soluciona los problemas de los regantes", lo que hace "difícil" o "casi imposible" defenderlo. Y más en un momento de mayor sensibilidad social sobre cuestiones como el cambio climático o la despoblación.

La Declaración de Impacto Ambiental dictada en 2011 por la entonces ministra, Rosa Aguilar, marcó unas duras condiciones, entre ellas la obligación de liberar un caudal mínimo para permitir la actividad de las empresas de turismo activo, que solo permite llenar el vaso en las esporádicas crecidas del Gállego. Su coste rondaría los 120 millones.

Gracia se mostró muy crítico con el "empecinamiento" de los dirigentes de Riegos del Alto Aragón en defender esta obra, y "sorprendido" por las declaraciones de su presidente, César Trillo, quien ya ha avanzado su intención de no acudir "a ninguna mesa" para dialogar.

El presidente de la Diputación le replicó: "Sentarse en una mesa es para escuchar las razones de los otros", porque de lo contrario, "da la sensación de que el agua es suya". "El agua y la gestión del agua son públicos, dependen de un ministerio y de la Confederación y hay usos muy importantes: de boca, recreativos, de laminación de avenidas, para los ganaderos, industrias...". Quiso diferenciar la opinión de los dirigentes y los agricultores, "porque yo he hablado con muchos regantes que también están por el entendimiento". Recordó además el sacrificio de los territorios de montaña, "con el abandono de decenas de núcleos".

El camino a seguir, a su juicio, es el del Canal de Aragón y Cataluña. Precisamente en el marco de la Mesa del Agua, en cuyas negociaciones participó Gracia, se acordó una alternativa al proyecto de Santaliestra, el embalse de San Salvador, fuera del cauce, en la zona regable, con un amplio consenso y que de hecho ya está operativo (fue inaugurado en 2015).

"Tienen que estar todos"

El presidente de la Diputación es partidario de repetir este acuerdo para completar el sistema de Riegos del Alto Aragón y en este sentido recordó que hay muchos regantes expectantes en Monegros II "que llevan esperando desde 1915 y tienen los mismos derechos que los que están regando". En esa futura Mesa "tienen que estar todos", concluyó.

Este es precisamente el objetivo del Gobierno de Aragón, quien este lunes reiteró la necesidad de generar un amplio acuerdo y abrir el diálogo a todos los implicados. El entorno del Ejecutivo descarta la ruptura de viejos consensos, como el que inspiró el Pacto del Agua de 1992, para generar otros nuevos fruto de las presiones de Chunta Aragonesista o Podemos, dos de los socios del cuatripartito. Se haga lo que se haga, el presidente tiene claro que será bajo la premisa del entendimiento, porque se quiere hablar con todos y de todo.

Al mismo tiempo, la DGA no oculta las dificultades planteadas por un proyecto judicializado, y su obligación de llevar a la mesa de la ministra para la Transición Ecológica, con un fuerte perfil ambientalista, una obra fruto de un gran acuerdo, que permita aumentar la reserva de Riegos del Alto Aragón para abastecer las amplias superficies del plan de Monegros II todavía pendientes. La apuesta del Gobierno autonómico por Almudévar es clara, y lo que se quiere es estudiar nuevas alternativas para complementar esta pieza.

14 años después

Fue en el año 2006 cuando la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua optó por el de Biscarrués de 35 hectómetros cúbicos, en lugar del de 192 que inundaba Erés, complementado con una serie de embalses laterales, entre ellos el de Almudévar (169 hm3). Javier Lambán justificó el sábado la nueva mesa de diálogo por los 14 años transcurridos desde las últimas resoluciones. "Ya ha pasado tiempo suficiente", dijo en Aínsa.

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