las obras de arte de las parroquias
La Generalitat frena la entrega de los bienes al llevar el caso al Tribunal de Conflictos
El juzgado de Barbastro que dictó la sentencia acuerda la suspensión del procedimiento.
La espera para recuperar los 111 bienes de las parroquias de la diócesis Barbastro-Monzón, retenidos en el Museo de Lérida, dura ya 25 años. Una piedra más en este camino puede alargar unos meses el regreso pero no lo impedirá. Así ven los abogados aragoneses "la nueva maniobra dilatoria" en el proceso, provocada por la Generalitat de Cataluña, que ha elevado el asunto al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, como ya hizo, sin éxito, con el tesoro artístico del monasterio de Sijena.
El juzgado número 1 de Barbastro, que ordenó la devolución inmediata de las obras de arte en la sentencia del pasado 11 de diciembre y está encargado de hacerla efectiva, ha acordado la "suspensión del procedimiento", lo que en la práctica significa paralizar la ejecución provisional y por lo tanto la entrega.
Así lo resuelve en una providencia en la que el magistrado, Carlos Lobón, da 10 días al Ministerio Fiscal, los Obispados de Barbastro-Monzón y Lérida, el Consorcio del Museo de Lérida y los Gobiernos de Aragón y Cataluña para que aleguen sobre el escrito presentado por la consejera de Cultura de la Generalitat, Mariángela Vilallonga, en el que requiere su inhibición acogiéndose al artículo 10.4 de la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales.
"Defectos formales"
El juez lo ha comunicado este miércoles a las partes una vez que la consejera subsanó "los defectos formales" en la presentación del escrito de requerimiento. Algunos documentos estaban en catalán y ya se han vuelto a remitir traducidos al castellano.
Todas las partes dan por seguro que el asunto acabará en el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, con sede en el Supremo de Madrid, un órgano colegiado constituido por el presidente del Supremo y cinco vocales (magistrados de este tribunal y consejeros permanentes de Estado) encargados de dirimir este conflicto entre un juzgado de instrucción y una administración autonómica. Según los abogados aragoneses, la resolución puede demorarse nueve o diez meses. Es el plazo que tardó en resolver este mismo procedimiento sobre los bienes de Sijena, planteado en 2015. En este caso, el tribunal lo desestimó y dio plenos poderes al juzgado para ejecutar el fallo.
Ni 10 días tardó la Generalitat en presentar el escrito en respuesta a la sentencia de Barbastro sobre los bienes reclamando la competencia de la administración catalana para determinar la entrega. A diferencia de Sijena, ni siquiera ha esperado al auto judicial ordenando la ejecución provisional del fallo.
Según el escrito de la consejera Mariángela Vilallonga, el juzgado de Barbastro ordenó la devolución inmediata a su propietario (el obispado aragonés en nombre de las 43 parroquias) "obviando las competencias" de la Generalitat. Lo calificó como "una injerencia", ya que los bienes están protegidos, dentro de la colección del Museo Diocesano de Lérida, en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán, "siendo indiferente quien ostente su titularidad".
Su alegación se basa en la denominada resolución Mieras, dictada en 2006 por la entonces consejera de Cultura, Caterina Mieras, que ponía condiciones al obispo de Lérida para entregar las obras a la diócesis de Barbastro-Monzón. Según los argumentos de la parte aragonesa, la finalidad era eludir "el cumplimiento de una hipotética sentencia civil, pero la administración está sometida a los tribunales, no al revés. No era un decreto ni una ley sino una simple orden de un departamento".
Una maniobra esperada
Los abogados que en la causa defendieron al obispado de Barbastro y al Gobierno de Aragón, Joaquín Guerrero, Jorge Español y Alberto Gimeno, se reunirán para definir una estrategia común a seguir. Según ha declarado el primero, la ley obliga al juez a suspender el procedimiento al plantearse el conflicto de competencias. Sin embargo, le vaticina un corto recorrido. "Es tan escandaloso", afirma, que es posible que el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales lo resuelva rápidamente, porque se viene utilizando, aclara, "para alargar los temas, y si ve que es una táctica, puede rechazarlo en poco tiempo".
Esta maniobra no ha supuesto una sorpresa. "Hubiera sido un milagro que no hubieran dado este paso, porque utilizan todas las posibilidades que les da la ley", ha manifestado el letrado Joaquín Guerrero.
El conflicto se ha planteado incluso antes de que el juez de Barbastro decrete la ejecución provisional de la sentencia, algo que no puede hacer de momento al estar abierto el periodo del recurso ante la Audiencia Provincial de Huesca. Este finaliza el 17 de enero y queda la duda de saber si la providencia de Carlos Lobón interrumpe también el plazo del recurso de apelación.
