juicio por retener las obras de arte
El abogado de Sijena pide el embargo de los bienes del 'exconseller' Santi Vila y este recurre la fianza por "excesiva"
El Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca le impuso una fianza de 216.000 euros al abrir juicio oral contra el y su sucesor, Lluis Puig, por un delito de desobediencia.
El 'exconseller' de Cultura de la Generalitat de Cataluña Santi Vila, acusado de un delito de desobediencia al no autorizar la salida de 44 obras de arte del Museo de Lérida con destino al monasterio de Sijena, ha recurrido la fianza de 216.000 euros impuesta por el juzgado de instrucción número 3 de Huesca por considerarla "excesiva, desproporcionada e injustificada". Sin embargo, la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena a través del abogado Jorge Español, ya ha reclamado el embargo de sus bienes al no haber depositado esa cantidad.
La magistrada dictó la semana pasada auto de apertura de juicio oral contra él y su sucesor Lluis Puig. En el auto dictado el pasado día 5 de diciembre la magistrada requirió a ambos acusados una fianza de 216.000 y 88.000 euros, respectivamente, para asegurar las posibles responsabilidades que pudieran imponérseles.
El abogado de Vila ha presentado un recurso de reforma en el mismo juzgado pidiendo la revocación de esa fianza o subsidiariamente reducirla a la cantidad solicitada como pena de multa por el Ministerio Fiscal. El letrado Juan Segarra alega que se toma como parámetro la multa solicitada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (162.000 euros) y no la del Ministerio Fiscal (5.940). "¿Es que acaso goza de mayor razonabilidad, entendida en términos de probabilidad y procedencia, la acusación particular que el propio garante del principio de legalidad?", se pregunta en alusión a las dos acusaciones. Y añade que a día de hoy "todavía no se ha podido determinar ni cuantificar daño alguno o perjuicio económico concreto".
Los hechos por los que serán juzgados se basan en el incumplimiento de la sentencia dictada el 8 de abril de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Huesca, que decretaba la nulidad de pleno derecho de las compraventas realizadas por la Generalitat de Cataluña entre 1983 y 1992 y por el Museo de Arte de Cataluña en 1994, declarando que la propiedad de los bienes objeto de tales contratos correspondía a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena. Pese a los sucesivos requerimientos del juzgado a los dos 'exconseller', no obedecieron las órdenes y los bienes solo regresaron cuando fueron a buscarlos a Lérida los técnicos del Gobierno de Aragón junto con la Guardia Civil. La consejería de Cultura de Aragón contrató una empresa especializada. La facturó por el trabajo ascendió a 12.932 euros.
El abogado de Villanueva de Sijena, por su parte, ha dirigido un escrito al juzgado oponiéndose al recurso de reforma presentado por Vila y, considerando que el plazo concedido para depositar el aval se ha superado "con creces", pide el embargo de sus bienes y derechos, para lo que solicita de la oficina de averiguación patrimonial que haga las indagaciones precisas.
Alega el elevado sueldo de Vila en los años que estuvo en el Gobierno de Cataluña como consejero de distintos ramos, con un bruto anual de 110.759 euros en el momento en que dejó el ejecutivo. Desde 1999 ha sido concejal del Ayuntamiento de Figueras, alcalde de esta ciudad y diputado en el Parlamento de Cataluña, 'conseller' de Territorio, de Cultura y de Empresa, y actualmente es director general de Aigües de Banyoles.
"El señor Vila lleva 20 años cobrando los mayores sueldos en las administraciones públicas catalanas, por lo que la pena de multa solicitada por el Ministerio Fiscal, con todo respeto, resulta realmente ridícula", señala Jorge Español en su escrito.
El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, considera que los hechos son constitutivos de un delito de desobediencia y pide para ambos acusados una pena de multa de 5.940 euros (11 meses de multa con una cuota diaria de 18 euros). En concepto de responsabilidad civil solicita que indemnicen a la Diputación General de Aragón con la cantidad en que sea tasado el importe total al que hubo de hacer frente como consecuencia del traslado de los bienes.
La acusación particular reclama para Vila 11 meses de multa (99.000 euros) por desobediencia y 11 meses de prisión y multa de 63.000 euros por usurpación de atribuciones judiciales.
