Cataluña paraliza la entrega de los bienes a las parroquias al presentar el conflicto jurisdiccional

La Generalitat de Cataluña se ha dado prisa en poner la primera piedra en el camino para el retorno de las 111 obras de arte a las parroquias aragonesas. El Consejo de Gobierno anunció el pasado martes la presentación de un conflicto jurisdiccional de competencias y este jueves ya lo ha remitido al Juzgado número 1 de Barbastro, que dictó la sentencia ordenando la inmediata devolución a sus legítimos propietarios. En él reclama al magistrado que se inhiba en este asunto al considerar a la administración catalana como la competente para determinar la entrega.

La iniciativa judicial implica la paralización de todo el procedimiento, incluyendo la ejecución provisional de la sentencia dictada el 10 de diciembre, hasta el pronunciamiento del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, una decisión que podría demorarse al menos seis meses. Este tribunal está encabezado por el presidente del Supremo e integrado por magistrados de esta instancia y consejeros permanentes del Consejo de Estado.

De momento, el juzgado no ha decidido si lo admite o no a trámite, ya que ha requerido a la Generalitat la presentación en castellano de toda la documentación enviada, pues una parte estaba en catalán, y que lo haga a través de la plataforma digital de la administración de Justicia en Aragón, y no en papel.

En el documento remitido al juzgado por la consejera de Cultura de la Generalitat, Mariángela Vilallonga, se dice que la sentencia se dictó "obviando las competencias que en materia de patrimonio cultural tiene atribuidas estatutariamente la Generalitat" y el contenido de una resolución dictada por quien estaba al frente de la misma consejería el 5 de abril de 2006, que sujeta cualquier disposición de los bienes al cumplimiento de determinadas condiciones, la conocida como resolución Mieras.

La sentencia, afirma el escrito de la consejera, "supone una injerencia en las competencias constitucional y estatutariamente atribuidas a la Generalitat de Cataluña". Defiende la presentación en este momento procesal porque el fallo todavía no ha sido objeto de recurso de apelación. Y recuerda que en la instrucción de la demanda del Obispado de Barbastro-Monzón para recuperar la posesión de los bienes, tanto el Consorcio del Museo de Lérida como la Generalitat ya alegaron la falta de jurisdicción de la vía civil.

Otro de los argumentos apunta a que se ordena la devolución de unos bienes protegidos por las normas del patrimonio cultural de Cataluña y cualquier disposición sobre ellos debe respetarla. La colección del Museo de Lérida está incluida en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán, integrada por 1.810 objetos, entre ellos los 111 de las parroquias aragonesas. "A partir de la inclusión de estos 111 bienes en una colección catalogada, han pasado a quedar sujetos al régimen jurídico del patrimonio cultural catalán", indica, "siendo indiferente quien ostente su titularidad". La sentencia autorizaría la disgregación de una colección, añade.

Esto no fue obstáculo para la vuelta de las 44 obras del monasterio de Sijena hace dos años. Entonces, en la ejecución de esta sentencia, la Generalitat también alegó un conflicto jurisdiccional que se resolvió en favor de Aragón. Eso sí, hubo que esperar seis meses para tener el pronunciamiento.

El abogado del Obispado Barbastro-Monzón, Joaquín Guerrero, ha manifestado tras conocer la presentación del conflicto que la Generalitat se ha adelantado a los acontecimientos, ya que, en su opinión, no es el momento procesal oportuno para plantearlo, "tendría que haber esperado a que pidiéramos la ejecución de la sentencia". Reconoce la amenaza de una dilación en la entrega, pues tanto si el juez lo admite a trámite como si no, el caso acabará en el Tribunal de Conflictos. No obstante, confía en que al existir el precedente de Sijena, se pueda resolver en unos meses.

"Era perfectamente previsible", dice Lambán

El presidente aragonés, Javier Lambán, se ha referido a este asunto, durante la celebración en Siétamo del Consejo de Gobierno. "Era perfectamente previsible esta reacción. Para eso están las leyes y los jueces. Nosotros respetamos las sentencias", ha declarado, ofreciendo la ayuda de los letrados de la administración autonómica "para que cuanto antes haya una sentencia firme".

Según ha comentado, cuando se hizo público el fallo, ya se preveía que no iba a ejecutarse sin más, "que el recorrido a través de los juzgados iba a ser largo". No obstante, está "absolutamente convencido de que como tenemos razón, al final todas esas obras estarán en el Museo de Barbastro o en las iglesias de donde salieron en su día".