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El IASS evalúa la gestión del centro de menores tras despedir la empresa a varios educadores

El alcalde de Huesca pide a la delegada del Gobierno en Aragón una reunión interinstitucional tras los conflictos.

Concejales y representantes de la Policía Local y Bomberos en la comisión de Seguridad Ciudadana
Concejales y representantes de la Policía Local y Bomberos en la comisión de Seguridad Ciudadana
Heraldo.es

El Ayuntamiento de Huesca ha solicitado por carta al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que valore el funcionamiento del centro de acogida para menores extranjeros de la capital oscense tras los últimos incidentes registrados en los que se han visto implicados algunos de los usuarios y que afectan a la seguridad ciudadana, reconocen los responsables municipales.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, indicó este martes que "vamos a hacer esa valoración y evaluación, que, por otra parte, ya habíamos iniciado". "Creo que coincide el planteamiento del Ayuntamiento con el que nosotros tenemos" añadió. Sí dejó claro que Aragón, como todas las comunidades autónomas, tiene la obligación de acoger, cuidar y preservar a los menores extranjeros que llegan solos a España. Tras esta valoración se tomará una decisión al respecto, "y siempre en coordinación con todas las administraciones".

Las dudas sobre la gestión de tutela de estos menores, denominados menas, ha coincidido con el despido, el jueves por la mañana, de cinco de los educadores contratados por la fundación que, a través de un concierto con el IASS, se encarga de atender a estos chicos en Huesca.

Ese mismo jueves por la noche se produjo, por parte de varios de estos menores, la agresión a un transeúnte que acudió al inmueble donde viven y aporreó la puerta con un mazo. El hombre, de 44 años, resultó herido y cuatro menas fueron detenidos al día siguiente por la Policía Nacional.

Tras este suceso y después de una reyerta entre jóvenes junto a una hamburguesería, en la que había menas implicados, el gobierno municipal convocó una comisión de Seguridad Ciudadana urgente, que se celebró ayer.

Veinticuatro horas antes, la subdelegada del Gobierno en Huesca, Isabel Blasco, manifestó que estos conflictos respondían a un problema de "convivencia y coordinación" entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón y no de seguridad ciudadana.

Más iluminación y vigilancia

Tras la comisión, la concejala delegada del área, la socialista Ana Loriente, explicó que el lunes el alcalde se reunió con el gerente del IASS, Joaquín Santos, y representantes policiales y decidió pedir a la consejera «la valoración» de este centro y de la ubicación del mismo en Huesca. "Este Ayuntamiento no ha dejado de trabajar por la seguridad", apostilló la edil. Indicó que se pondrá más iluminación y vídeovigilancia y que se solicita que la Policía Adscrita "tenga presencia en la zona donde viven los menores".

El alcalde, Luis Felipe, ha solicitado a la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, celebrar un encuentro con la asistencia de los máximos responsables de todas las instituciones, administraciones y entidades responsables de la gestión de los centros de acogida.

La portavoz de PP, Gemma Allué, recordó que su grupo ya había advertido "de que no eran hechos puntuales de inseguridad sino ya cronificados en la ciudad". Tildó de "irresponsables las declaraciones de la subdelegada, que no es la primera vez que le echa a la culpa al alcalde" y apuntó que "ya se había puesto en duda la ubicación y la gestión de la tutela de los menores".

José Luis Cadena (Cs) reconoció que "hace ya mucho tiempo que estamos preocupados y vemos que no todas las administraciones asumen su responsabilidad ante una situación en la que todos debemos ir de la mano".

"Puedes incrementar la vigilancia, mejorar la iluminación e instalar muchas cámaras pero si no recuperas las políticas de Juventud e Infancia, si no proporcionas alternativas de ocio a los jóvenes, el problema seguirá allí", comentó Óscar Sipán (Con Huesca Podemos Equo).

El concejal de Vox, Antonio Laborda, insistió en su denuncia de que la ubicación y la gestión de la tutela de estos menores "no es la adecuada". Admitió que "tampoco son los responsables de todos los conflictos juveniles" pero cuestionó la idoneidad de Huesca como ciudad de acogida.

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