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Bajas del 15 al 25% en las 21 ofertas para construir la variante de Sabiñánigo

Sacyr, Dragados y las UTE Puentes y Calzadas-Murias, Copasa-Comsa y Lantania-Ortiz encabezan las puntuaciones técnicas.

Fomento licita las obras de la variante de Sabiñánigo por 91,6 millones de euros.
La construcción de la variante dejará la actual N-330 como vía de servicio.
Laura Zamboraín

Un total de 21 constructoras a título particular y uniones temporales de empresas (UTE) han presentado ofertas para hacerse con el contrato de construcción de la futura variante de Sabiñánigo, uno de los dos tramos de la autovía Mudéjar A-23 que todavía están pendientes de inicio de obras junto con el de Lanave-Sabiñánigo Este.

Los trabajos de este tramo de 8,6 km -donde se incluye un viaducto de 934 m sobre los ríos Gállego y Aurín- salieron a licitación a principios de junio por un importe de 75,7 millones de euros más IVA (91,6 en total), aunque fuentes de la Intervención del Estado advirtieron de que no se podrían adjudicar mientras no haya un nuevo Presupuesto ya que ahora está prorrogado el de 2018.

Entre las 21 ofertas presentadas, la más cara es la de Vías y Construcciones con 64,4 millones (sin IVA), seguida de Ferrovial Agromán (63,5), la UTE Rubau-Sando (61,7) y Dragados (61,3). Mientras, las más económicas corresponden a las UTE Lantania-Ortiz Construcciones y Proyectos y Copasa-Comsa, que han presentado la misma puja de 55,8 millones, y Sacyr con 56,4.

Mientras, en el apartado técnico, el ranquin de puntuaciones lo encabeza Sacyr (100), seguida de Puentes y Calzadas Infraestructuras-Construcciones Murias (97,38), Dragados (96,07), Copasa-Comsa (95,16) y Lantania-Ortiz (94,59). Por contra, las más bajas son las de Rubau-Sando (50), FCC-Obras General del Norte (58,66), Vías y Construcciones (58,71) y Abaldo (59,51).

El Ministerio aceleró a principios de año las expropiaciones para construir esta circunvalación, en vista de que una de las declaraciones de impacto ambiental en las que se apoya el proyecto le obliga a iniciar las obras antes de final de año para que la autorización no caduque. El plazo de ejecución es de 40 meses por lo que debería estar en servicio a mediados de 2023. El proyecto prevé destinar 2,2 millones al pago de expropiaciones y otros 955.000 euros al 1,5% cultural.

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