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comarca del bajo cinca

Archivada la causa por presuntas irregularidades en la construcción de la sede comarcal del Bajo Cinca

El PAR ha sido el primero en mostrar su satisfacción, indicado que la resolución judicial confirma la "corrección y honestidad" de la gestión que en su día realizó el que fuera el presidente de la institución, el aragonesista Francisco García.

Sede comarcal del Bajo Cinca.
Sede comarcal del Bajo Cinca.
Patricia Puértolas

La causa abierta por presuntas irregularidades en la construcción de la sede comarcal del Bajo Cinca ha quedado archivada. El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fraga ha rechazado el último de los recursos interpuestos y descartado las acusaciones que pesaban contra las dos empresas adjudicatarias de las obras, Constructora Calaf y Construcciones Pinillos SL.

Los hechos, que se remontan al año 2012, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía por el hasta ahora presidente de la institución supramunicipal, José Evaristo Cabistañ, del PSOE, y llegaron a poner en entredicho la actuación de su antecesor, Francisco García, del PAR, aunque solo llegó a ser citado como testigo.

La formación aragonesista ha sido la primera en reaccionar a la decisión judicial, que, en su opinión, confirma la "corrección y honestidad" de la gestión realizada en su día por la Comarca del Bajo Cinca. Desde el PAR, señalan que el último auto del juez, que no ha sido recurrido y por lo tanto, cierra la causa, "desmiente todas las acusaciones y presuntas sospechas" sobre la actuación de las dos empresas investigada y sobre los responsables políticos de la institución supramunicipal.

Amparándose en varios informes, la denuncia señalaba que la UTE Calaf-Pinillos, que se hizo cargo de las obras después de que la primera adjudicataria dejara los trabajos inacabados al entrar en concurso de acreedores, había podido incurrir en varias irregularidades, entre ellas, la merma de calidades o la existencia de partidas duplicadas o de difícil verificación. De hecho, los trabajos finalizaron con un sobrecoste de 300.000 euros.

No obstante, al igual que en su primer auto, el magistrado insiste en que las dos empresas tuvieron que hacer frente a una situación distinta a la planteada inicialmente, ya que la obra estaba en un estado de "total abandono" y por lo tanto, había materiales deteriorados y otros sustraídos, lo que le obligó a "adoptar soluciones prácticas, acordadas entre todos los intervinientes y representantes de la Comarca". También indica que todas las certificaciones y facturas fueron tramitadas sin "ninguna anomalía administrativa" y que se correspondían con "servicios completos realizados".

Del mismo modo, tal y como señalan desde el PAR, el juzgado precisa la falta de base para la denuncia, ya que el informe externo que se esgrimió para motivarla "carece de los datos" que "se han ido desgranando" durante la instrucción, donde, entre otros aspectos, los diferentes testigos han señalado que los cambios realizados fueron "consensuados con la propiedad, que las calidades que se pusieron fueron las mismas o similares, elegidas en todo caso por la Comarca, que se dio solución a los numerosos problemas sobrevenidos, y que desde la recepción de la obra en agosto de 2013 hasta la actualidad, no ha existido una sola reclamación civil o administrativa al respecto".

Desde el PAR, también se resalta que "la propia fiscalía propuso la íntegra desestimación del recurso y la ratificación del sobreseimiento y archivo de la causa ante los tribunales que, en cualquier caso, nunca se dirigió contra los gestores del PAR en la Comarca, a pesar del interesado empeño de algunos por extender la maledicencia, de forma que ahora deberían rectificar públicamente".

De igual modo, a la vista de la resolución judicial, la formación estudia plantear ante el pleno de la Comarca que se decida sobre la continuidad o disolución de la comisión de investigación creada a instancias del propio PAR en el ente comarcal sobre este asunto, toda vez que "ha quedado demostrado con rotundidad que se trató de una actuación responsable, transparente y efectiva de los representantes y dirigentes de la Comarca, de su entonces presidente y consejeros, en la culminación de las obras de construcción de la nueva sede, afrontando con éxito la complejidad de la situación". "Todo ello debe constar en las conclusiones públicas o acuerdo que adopte la Comarca, para finiquitar toda duda que jamás debió haber y para restañar la honorabilidad de personas, partidos, instituciones, entidades y empresas", concluyen.

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