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Loporzano supenderá las licencias para nuevas explotaciones ganaderas hasta tener el PGOU
El nuevo plan de ordenación urbana establecerá distancias "más acordes" para las explotaciones.
El Ayuntamiento de Loporzano llevará miércoles al pleno municipal una propuesta para suspender la concesión de licencias de obra a nuevas instalaciones ganadera y de ampliación de las existentes en su término municipal. El equipo de gobierno considera que es necesaria una moratoria para estas granjas hasta que entre en vigor el Plan de Ordenación Urbana (PGOU), que establecerá una normativa menos laxa que la actual en cuanto a las distancias que deben guardar estas instalaciones de los núcleos habitados, espacios protegidos, carreteras, barrancos o monumentos...
La moratoria saldrá adelante, como poco, con los votos de Loporvenir, PSOE y PAR, coalición formada tras las últimas elecciones municipales para arrebatar el Ayuntamiento de Loporzano al PP. No obstante, no todos los vecinos del municipio, próximo a Huesca y con 16 poblaciones, están de acuerdo con la decisión.
El alcalde, Roberto Malumbres, pertenece a Loporvenir, una formación surgida de la Plataforma Loporzano sin ganadería intensiva. Según dice, el documento urbanístico que impulsó Celia Carrera (PAR) -al frente del Ayuntamiento desde 2003 a 2011- ya recogía para la implantación de estas granjas unas distancias más restrictivas que las actuales. Según el concejal Jorge Luis, estas eran de tres km, pero en 2012 se redujeron y en 2018 "se modificaron sustancialmente".
Ahora, la distancia mínima para instalar granjas de porcino está en 1.000 metros. Loporzano carece de PGOU (está en tramitación) y las actuaciones urbanísticas se rigen por las Normas Subsidiarias, normativa mínima para evitar desmanes y a la que se acogen los ayuntamientos que carecen de plan.
Según el comunicado emitido este lunes noche por el Ayuntamiento, la propuesta obedece a las alegaciones presentadas al PGOU durante el último periodo de información pública, la memoria ambiental remitida por el Inaga, la valoración de los impactos socioambientales "del crecimiento no ordenado del sector por los vecinos del municipio y la mayoría de concejales de esta corporación tras las últimas elecciones", así como a las moratorias similares aprobadas en toda la provincia.
El actual gobierno municipal solicitará la modificación puntual de las normas subsidiarias mientras se realiza un estudio para establecer en el PGOU "unas distancias más acordes con nuestro modelo de desarrollo". "No sé si serán las mismas que había porque aún hay que afinar el documento, pero sí que se aproximan a ellas", añadió Malumbres.
En principio, la moratoria será de un año, ampliable a otro más. El alcalde espera que en 12 meses se disponga del documento urbanístico que ahora se tramita.
Contra la moratoria
El pleno de este miércoles (19.00) tendrá público. Vecinos de la zona asistirán para mostrar su desacuerdo con la moratoria. La iniciativa está promovida por Nerea Sarasa, de Aguas, y cuenta con el respaldo de sindicatos agrarios.
Hace unos tres años, vecinos contrarios a la instalación de dos macro granjas acudieron al pleno en el que iban a concederse las licencias. Ambos proyectos están recurridos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
