Segundo intento fallido de juzgar a la banda que hacía viajes exprés de hachís por el Pirineo

Ni una, ni dos. La Audiencia Provincial de Huesca tendrá que convocar por tercera vez el juicio contra una banda de presuntos traficantes de hachís desarticulada en diciembre de 2015, que operaba entre el sur de España y Europa utilizando los pasos fronterizos del Pirineo aragonés. Fue uno de los mayores golpes al narcotráfico en la provincia, con 9 detenidos, más de 650 kilos de droga intervenidos (valorados en el mercado ilegal en 1.075.000 euros) y dos pisos francos desmantelados en Jaca y Sabiñánigo. La Fiscalía pide para cada uno de los miembros de la red una pena de 10 años de prisión y una multa de 3 millones de euros.

La vista oral estaba convocada para este lunes a las 10.00 pero se ha acabado suspendiendo al faltar casi la mitad de los acusados (seis franceses de origen magrebí, dos marroquíes y una española), que se encuentran en libertad provisional por esta causa. Ya se los citó en noviembre y tampoco pudo celebrarse por la misma razón. 

En el banquillo solo se han sentado cinco acusados (junto a la traductora). Otros dos, según su abogado, no habían podido llegar desde Francia por problemas familiares y con lo vuelos. A la única mujer imputada, residente en Melilla, no se le entregó la citación porque no ha sido localizada en su domicilio. Y, por último, hay otro que está en una prisión francesa, pero no se sabe en cuál. 

Los abogados no entienden que no se conozca el paradero de alguien que está en la cárcel. "La Guardia Civil y el Ministerio de Justicia tienen mecanismos para pedir información y permiso a Francia y que comparezca. Es un proceso administrativo que se debería haber hecho. Nosotros mismos nos enteramos la semana pasada que estaba en prisión", ha señalado el defensor de cinco que sí han acudido, mientras que el letrado del acusado encarcelado le ha dicho al tribunal que ni él mismo sabe dónde está.

En vista de la situación, la Audiencia ha decidido suspender el juicio, que se iba a prolongar cinco días, sin una fecha prevista. Se decretará la busca y captura de aquellos en paradero desconocido, y se ha advertido a los presentes, residentes en Francia, que avisen de cualquier cambio de domicilio, porque de lo contrario también se les perseguirá. 

El presidente del tribunal, Santiago Serena, ha justificado que la semana pasada supieron que uno de los acusados estaba encarcelado en ese país, pero se desconoce en qué centro penitenciario, por lo que se dirigirán a las autoridades francesas para que les comunique su paradero. "No es fácil ni inmediato", ha advertido. 

Tanto la Fiscalía como los abogados de la defensa han respaldado la suspensión del juicio. "Acusamos por organización criminal y la acusación se ejercerá mejor si interrogamos a todo el grupo", ha dicho la representante del Ministerio Público. Ha llegado a solicitar prisión provisional para asegurar la comparecencia en la tercera vista, pero el tribunal lo ha rechazado. Y es que, han argumentando las defensas, no se puede meter en la cárcel a aquellos que sí han acudido al juicio, y dos veces. 

Una de las ausentes era la supuesta organizadora, Mohand A., española residente en Melilla. Supuestamente se encargaba de contratar los alojamientos en hoteles evitando dejar el nombre del resto de miembros. También suscribía los contratos de arrendamiento de viviendas en régimen de alquiler vacacional por cortos periodos de tiempo. Entre ellos, un piso en Jaca y otro, con dos plazas de garaje, en Sabiñánigo. La vez anterior compareció al juicio. Pero en esta ocasión se le envió la notificación a su domicilio y no se la ha localizado. Ni siquiera su abogada, de oficio, ha podido contactar con ella. 

La banda tenía las tareas perfectamente repartidas, según la acusación pública. Mehdi B., Karim I., Brahim B., Mounir L., Mourad B. y Rachid H. hacían el transporte de la mercancía a lo largo del país, conduciendo directamente el vehículo de alta gama con la droga repartida en paquetes en el maletero o los automóviles lanzadera, pensados para despejar el terreno, alertar de posibles obstáculos, como los controles policiales o realizar el apoyo logístico (transporte de combustible para no parar, placas de matrícula dobles...).. Finalmente, según la acusación, Adnane Ben S. y Abdelouahid T. abastecían de droga al grupo en el sur de España y los alojaban en un piso que alquilaron en la localidad de Estepona.

El abogado Jaime Caballero, defensor de cinco de ellos, ha dicho que en la anterior ocasión ya se suspendió el juicio porque existía la duda de si se los citó correctamente. "Era posible que alguno ni siquiera recibiera la citación". Ha recordado que la mayoría viven en Francia y ha negado que detrás haya una estrategia para dilatar el proceso. Uno de sus clientes no podía llegar "por un problema de enlace con los vuelos" y el otro "acababa de ser padre". 

Según el escrito de la acusación pública, formaban una estructura criminal perfectamente organizada encargada de efectuar viajes exprés atravesando la geografía española con el fin de abastecerse de sustancias estupefacientes (hachís) en el sur de España (Málaga y Estepona) y transportarlas hasta Francia, su destino final, empleando diversas rutas y pasos transfronterizos de la provincia de Huesca, especialmente cerca de Jaca, sirviéndose para ello de varios vehículos. Se les intervinieron cuatro coches, entre ellos un BMW X5 valorado en 120.000 euros.

La operación conjunta de la Policía y la Guardia Civil se inició tras los atentados de París, gracias a la intensificación de los controles en la frontera, donde se detectaron comportamientos sospechosos. El juzgado número 1 de Jaca autorizó el 14 de diciembre de 2015 el registro del piso de Jaca y del BMW, estacionado en el garaje del edificio. En el coche encontraron 668 kilos de hachís y matrículas francesas y alemanas usadas para eludir la vigilancia policial en los viajes . Un mes después, el 19 de enero de 2016, se registró la vivienda de Estepona, donde aparecieron más matrículas, 4.550 euros en metálico y 99 gramos de hachís.

La Fiscalía considera que los nueve acusados son autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas que no causan grave daño para la salud, con las circunstancias agravantes de notoria importancia y pertenencia a organización criminal. La acusación pública considera que el dinero y los vehículos intervenidos eran usados en la comisión del delito y entiende que son una ganancia ilícita, por lo que pide su decomiso. 

Los nueve acusados están actualmente en libertad, hasta que se celebre el juicio. Todos ellos ingresaron en la cárcel, pero luego fueron puestos en libertad. Uno estuvo en prisión provisional menos de un mes, y los que más, 10 meses.

Las defensas niegan la pertenencia a organización criminal. La petición fiscal es, a su juicio, "descabellada". "El Supremo dice en sus últimas sentencias que para que haya organización criminal tiene que haber una reiteración delictiva de los mismos miembros con las mismas funciones, y aquí no hay prueba ninguna. Solo un vehículo encontrado que lo ha conducido alguien", ha declarado Jaime Caballero.  

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