El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Fraga ha dictado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta por presuntas irregularidades contra las dos empresas adjudicatarias de las obras de construcción de la sede comarcal del Bajo Cinca, Constructora Calaf y Construcciones Pinillos.

Tras las pruebas practicadas, el magistrado asegura que "no existen indicios suficientes" para atribuir a las entidades investigadas un delito de malversación de fondos públicos. La denuncia fue interpuesta por el actual presidente de la Comarca del Bajo Cinca, José Evaristo Cabistañ, del PSOE, al que su antecesor en el cargo, Francisco García, del PAR, acusa de haber iniciado de forma intencionada "una operación partidista con el fin de obtener rédito político a costa de destruir a otros así como denigrar a personas y siglas". De hecho, el aragonesista, que recuerda que solo ha sido citado en calidad de testigo, era el máximo responsable de la institución cuando se llevaron a cabo las obras investigadas.

Los hechos se remontan al año 2012 cuando las dos empresas investigadas se hicieron cargo de las obras de la sede comarcal después de que la primera adjudicataria (Construcciones Lumbierres) dejara inacabados los trabajos al entrar en concurso de acreedores. En este momento, la institución estaba gobernada por la coalición PAR-PP. Los trabajos fueron finalizadas por la UTE Calaf-Pinillos y acabaron con un sobrecoste de 300.000 euros.

La denuncia, que se acompañó de varios informes, pedía investigar las obras realizadas durante esta segunda fase al considerar que habían sido cometidas varias irregularidades como la merma de calidades o la existencia de partidas duplicadas o de difícil verificación.

No obstante, el auto del magistrado insiste en que hay que tener en cuenta las "especiales circunstancias" con las que se encontró la nueva adjudicataria, UTE Calaf-Pinillos, al hallar una situación "distinta" a la planteada inicialmente por la Comarca, ya que la obra estaba en un estado de "total abandono" y por lo tanto, había materiales deteriorados y otros sustraídos, lo que obligó a desarrollar cambios y llevar a cabo nuevas inversiones.

El auto repasa las declaraciones de los diferentes testigos citados (técnicos, jefes de obra o responsables políticos), que coincidieron en manifestar que todos los cambios planteados "fueron pactados" con la Comarca y que las empresas "nunca cobraron nada que no les correspondiese".

Ante ello, García, que se siente víctima de "una campaña de desprestigio", pide una rectificación pública a sus responsables. Tras conocer la decisión del magistrado, el socialista José Evaristo Cabistañ ha presentado un recurso de reforma contra el auto de sobreseimiento que ha sido admitido a trámite y que dilatará la resolución del proceso.