Piden 4 años de cárcel para un empresario frutícola de Huesca por defraudar 220.000 euros a la Seguridad Social

Un empresario frutícola se enfrentará esta semana en la Audiencia Provincial de Huesca a una pena de 4 años de prisión por un delito continuado contra la Seguridad Social después de defraudar presuntamente 220.000 euros con una empresa por no pagar las cuotas de los trabajadores durante 13 años.

Según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, el acusado, Joaquín M. P., desde el año 1980 destinó su actividad al comercio de la fruta, primero como empresario individual persona física y a partir de 1993 constituyendo una empresa junto con su entonces esposa, y ahora exmujer, y nombrándose él como administrador único.

La empresa tiene como objeto social la venta al por mayor y por menor de frutas, verduras y toda clase de productos agrícolas, así como la limpieza, clasificación y envase de los productos que se comercialicen. Y se inscribió en la Seguridad Social en el año 1994, estando de alta en la actualidad, y contando con hasta 25 afiliados diferentes durante todo ese tiempo.

Según la Fiscalía, desde diciembre de 2005 hasta enero de 2018, el acusado, con ánimo defraudatorio, dejó de pagar las cuotas debidas a la Tesorería General de la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores que empleaban en el desarrollo de dichas actividades hortofrutícolas. Además, desde mayo de 2017 la mercantil no presentó los boletines de cotización de los trabajadores que prestaban servicios en la misma.

Todo ello generó una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social que asciende a 168.659,13 euros ya que todas las actuaciones destinadas al cobro han resultado "infructuosas". El acusado y administrador único de la sociedad, como trabajador autónomo, debe a la Seguridad Social 52.826,98 euros por el período comprendido entre agosto de 2006 y diciembre de 2017. 

Así, la Fiscalía pide imponer a Joaquín M. P. la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa del cuádruple del importe del daño causado (más de 200.000 euros) así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años, e inhabilitación especial para el ejercicio de actividades empresariales y mercantiles durante el tiempo de la condena.

Para la empresa, solicita una multa de 337.318,26 euros, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de tres años, y la prohibición de contratar con las Administraciones públicas.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide que el acusado y la sociedad mercantil indemnicen solidariamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, en la cantidad defraudada de 168.659,13 euros.